Santo Domingo. – El pasado año el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMARN) autorizó 740 extracciones de materiales de la corteza terrestre para proyectos o instalaciones en operación. En los primeros tres meses de este 2024 se han otorgado 56 permisos.
Pero el problema de este próspero negocio, que devora los ríos de la República Dominicana para suplir una industria voraz, radica en la ilegalidad. Una cadena depredadora alimentada por cientos de paleros que día tras día profundizan las heridas en los cauces de los ríos.
El programa Reporte Especial con Julissa Céspedes, que se transmite todos los domingos por CDN Canal 37, investigó la preocupante realidad que ocurre a la sombra de las leyes con los permisos que representan la extracción legal y regulada.
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Los camiones que avanzan entre nubes de contaminación intensa, arrasando todo a su paso. Transportan las arenas, gravas y calizas extraídas ilegalmente hacia impacientes hormigoneras, ferreterías y constructores que las aguardan al mejor postor.
Datos de las autoridades
Entre 2022 y 2023, se confiscó un promedio de 3 metros cúbicos de arena cada hora, extraídos ilegalmente de los ríos y playas del país. Una cantidad que equivale a unas 36 carretillas llenas, según datos del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA).
Asimismo, en 2022 se decomisaron 12,697 metros cúbicos, mientras que en 2023 la cifra aumentó a 41,146 metros cúbicos incautados. Sin embargo, estas cifras no representan el alto nivel de extracción ilegal que pasa desapercibida.
Pero esta crisis ambiental no solo se trata de números de extracción ilegal. También hay un lucrativo negocio detrás de las extracciones autorizadas de recursos mineros no metálicos como: grava, gravilla, arena, granzote, caliche, tosca, entre otros.
En el período comprendido entre 2022 y los primeros tres meses del 2024, se autorizaron un total de 42 millones 59 mil 360 metros cúbicos de este tipo de recursos.
En el año 2022, se permitió la extracción de 21 millones 174 mil 251 metros cúbicos, por los cuales se pagaron casi 85 millones de pesos.
La cifra aumentó considerablemente en 2023, cuando se autorizaron 18 millones 2 mil 200 metros cúbicos, con un monto pagado de 144 millones 664 mil pesos.
Y en lo que va del año 2024, ya se han autorizado la extracción de casi 3 millones de metros cúbicos, con un pago de 46 millones 126 mil 544 pesos.
En total, durante estos tres años, las autorizaciones de extracción de recursos mineros no metálicos han generado ingresos por 275 millones 427 mil 548 pesos.
Conoce ríos víctimas de esta depredación ambiental
El río Haina, vital para el abastecimiento de agua del gran Santo Domingo, el cual enfrenta una crisis ambiental debido a la extracción indiscriminada. Residentes de comunidades cercanas han denunciado esta práctica, que ha reducido el caudal del río en más del 70% desde aproximadamente 2002.
A esta lista se suma, Nigua, Nizao y Yubazo, ríos ubicados en San Cristóbal. Se han convertido en un punto clave para la extracción irregular de agregados.
El río Camú, uno de los más importantes de la provincia de La Vega. Nace en la cordillera Central y recorre 101 kilómetros hasta desembocar en el Yuna. Por décadas ha enfrentado graves problemas de degradación y contaminación, principalmente debido a la extracción de agregados.
En 2014 se denunció que diariamente eran extraídos más de 350 camiones repletos de arena, grava, piedras y otros agregados del río Yasica a su paso por Espaillat. Y a casi 10 años, las denuncias de extracción irregular en este afluente continúan.
Mientras la codicia siga prevaleciendo sobre la conciencia ambiental, los ríos y costas dominicanas seguirán sangrando.
