Santo Domingo. – La Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (PEPCA) iniciaron recientemente una investigación contra una supuesta red criminal desmantela en la Operación Pandora, compuesta por agentes de la Policía Nacional, la cual sustrajo 908,001 municiones de diferentes calibres de la Intendencia de Armas de la misma uniformada.
Será este lunes cuando la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conozca la audiencia de medida de coerción en la Operación Pandora.
El programa Reporte Especial con Julissa Céspedes investigó cómo operaba la presunta estructura criminal, la cual de manera preliminar se ha identificado el tráfico ilícito de proyectiles. Además, tenencia y uso de armas de fuego de la Policía Nacional, para su comercialización y exportación, así como la legitimación de capitales provenientes del tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos, sus accesorios y materiales relacionados.
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La Auditoría
De acuerdo a una auditoría realizada por el Departamento de la Auditoría Interna de la Policía Nacional, en fecha 24 de octubre de 2024, descubren que existen faltantes en las municiones y accesorios bajo responsabilidad del Departamento II de la Intendencia de Armas.
Durante la Operación Pandora se arrestó al coronel Narciso Antonio Feliz Romero, quien era el encargado de la custodia de las armas y municiones, así como al subintendente Juan Miguel Pérez Soler.
También, fueron detenidos el capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos; el capitán y auditor Víctor Manuel Santos, quien habría alterado los resultados de una auditoría realizada en febrero para ocultar la sustracción de cientos de municiones; y el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao Central.
Además, se encuentran bajo arresto por la Operación Pandora el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina, los rasos Rubiel Martínez (alias Escobar) y Moreibin Medina Pérez, así como la imputada Miguelina Bello Segura, quienes fungían como piezas clave en la parte operativa de la organización criminal.
Según las autoridades, el coronel Feliz Romero, a sabiendas de los resultados de la relación de existencia de municiones en los depósitos realizadas en octubre de 2024, se encargó, conjuntamente con el capitán Valdez, de que no se hiciera el reporte de las municiones faltantes.
Ante la realización de la auditoría en los depósitos del Departamento II de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, el coronel Feliz Romero y el capitán Víctor Manuel Santos, habrían emitido instrucciones al personal involucrado de que se realizaran movimientos para encubrir la falta de las municiones.
Los Pagos
Según declaraciones, el coronel Feliz Romero recibía dinero de la venta de municiones a través del raso Medina Pérez, quien era el armero. Producto de estas actividades ilegales, adquirió un jeep e inició una construcción inmobiliaria en Bonao.
También llegó a recibir dinero en el interior de una mochila entregada por un cabo de apellido Rosario, quien vendía municiones a través de un contacto en el vecino país de Haití.
Al imputado Feliz Romero además se le acusa de sustraer armas, como es el caso de un fusil marca Colt M-16 Cal.55.56 MM, ya que estaba a siendo publicitado para venta en grupos de la aplicación móvil de grupos de What’s App.
Según el Ministerio Público, el coronel Feliz Romero fue el creador de la organización criminal desmantelada mediante la presente Operación Pandora, que estableció un mercado ilegal de material bélico bajo su custodia.
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Desfalco
Según los peritos del Ministerio Público, el impacto económico que produjo la sustracción de estas municiones por la Policía Nacional y el Estado dominicano fue de 64 millones 954 mil 505 pesos. Esto basado en el precio unitario de cada munición y su calibre en virtud del precio de adquisición de la institución.
De acuerdo a la investigación en la Operación Pandora, el coronel Feliz Romero, el capitán Soler Pérez, el capitán Valdez, el raso Acevedo Liriano y el cabo Zorrilla Marte obtuvieron ganancias de las ventas de las municiones sustraídas de los depósitos del Palacio de la Policía Nacional, adquirieron distintos bienes, entre estos inmuebles y vehículos que no podrían pagar con las remuneraciones regulares de sus labores como miembros de la uniformada.
El documento muestra que, en conjunto a estos investigados, han tenido participación otros miembros de la Policía Nacional en la venta, compra y movilización de las municiones sustraídas de los depósitos de la Intendencia de Armas.
Más implicados
Otros policías identificados y señalados en la Operación Pandorason: Ángel Martínez Basilio, Melvin Sierra, Jackendry Shakira Segura, Miguel Ángel Félix Liriano, Joan Alexander Sánchez, Braylin Cuello Gil, Joan Acosta Núñez, César Gervasio, José Miguel Núñez, Miguel Ángel Espaillat, Brian Isidro Lachapell y Erick Francisco Cruz.
El raso de la policía Martínez Basilio era el mayor comprador del raso Héctor Acevedo Liriano, mostrando múltiples transacciones directas entre 2023 y 2024 por la suma total de 3 millones 878 mil 881 pesos.
El imputado Martínez Basilio con frecuencia dejaba dinero en efectivo al raso Acevedo Liriano con el raso Brian Isidro Lachapell, justificándolo como un pago de negocio entre ellos.
El imputado Rubiel Martínez, compraba las municiones sustraídas de la intendencia de arma de la Policía Nacional con el objetivo de comercializarlas a precios más altos, este raso adquirió cápsulas de 9 mm, de 12 mm, cargadores de armas de fuego y cápsulas de fusibles de 5.56 mm, de estas últimas compró aproximadamente 20,000 unidades a Acevedo Liriano.
Uno de los clientes más recurrentes del imputado Martínez Basilio era el cabo Sierra Gil, al cual le vendía cápsulas 9 mm a precio que oscilaban entre los 4,000 y los 4,800 pesos.
Como mecanismo fraudulento para obtener beneficios económicos el imputado Valdez, utilizaba una mochila para ocultar las municiones, las cuales eran entregadas a Jorge Luis Zorrilla Marte, quien se disponía a extraerla de la sede policial con la encomienda de hacerle la entrega al imputado Díaz Medina.
Otros pagos
En la cuenta bancaria del imputado Díaz Medina se lograron identificar los conceptos de las ventas de las municiones y accesorios de armas de fuego desmantelado en la Operación Pandora. El monto asciende a un valor de 222 mil 550 pesos.
Según el documento, es un gran listado de transacciones económicas, se identificó el valor total de 19 millones 471 mil 13 pesos. El mayor depositante el investigado Francisco Cruz, exmiembro de la Policía Nacional.
Asimismo, el Ministerio Público recuperó una parte de las municiones sustraídas, estando en poder de Jackendry Shakira Segura y Miguel Ángel Félix Liriano. Dichas entregas contienen grandes cantidades de municiones de diferentes calibres.
Miguelina Bello Segura
También se identificaron envíos de diferentes cajas de municiones en la Operación Pandora a la imputada Miguelina Bello Segura. Esta persona se dedica a la comercialización ilegal de municiones y material relacionado en la provincia de Pedernales. El exesposo de la acusada resulta ser un conocido comercializador de municiones en el mercado binacional de Pedernales.
Además, se establece que Bello Segura, recibió para comercializar decena de cajas de municiones para la venta al precio de entre 5,200 y 6,000 pesos.
Las autoridades destacaron que Bello Segura se dedica a vender las municiones clandestinamente a nacionales haitianos, quienes las utilizan en actividades criminales.