Acuerdo RD-Países Bajos: ¿Logro histórico o entrega del patrimonio nacional? 

Santo Domingo. –  El Acuerdo de Delimitación Marítima entre República Dominicana y el Reino de Países Bajos, el cual delimita los límites marítimos con las islas holandesas de Aruba, Curazao y Bonaire, ha generado un intenso debate sobre la soberanía nacional, ya que son cedidas millas náuticas dominicanas. 

Este contrato fue firmado el 5 de julio de 2021 por el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, y la embajadora holandesa Annemieke Verrijp.  

El programa Reporte Especial con Julissa Céspedes analizó el citado acuerdo, el cual es descrito por el canciller dominicano como un «logro histórico». En tanto que especialistas en el área indicaron que este tratado compromete la integridad territorial del país y contradice la Constitución. 

Posiciones de Especialistas

El analista en temas de geopolítica, Damián Arias Matos, aseguró que República Dominicana entregó en ese acuerdo parte del patrimonio nacional. Dijo que en esa zona no solo hay langostas y peces, sino que ahí existe también un interés de hidrocarburos, petróleo y gas. 

Explicó además que se está entregando parte de las cartas estratégicas de navegación y toda la flora contenida en la zona marítima. Situación que tiene implicaciones negativas para la República Dominicana.   

Mientras que el abogado y exdiputado, Pelegrín Castillo, el acuerdo va en detrimento de la República Dominicana debido a supuestos errores en las coordenadas geográficas. 

“Los fallos técnicos, que son groseros, o sea. Yo estoy sorprendido de que en un convenio de ese tipo haya fallos en la definición de las líneas geodésicas. Una de las líneas está aquí, en el Caribe de latitud y otra de latitud que nunca he visto. Nunca he visto un acuerdo donde las líneas geodésicas se tracen con el concepto de latitud-latitud. Siempre es latitud-longitud»

Pelegrín Castillo, abogado y exdiputado. 

Más sobre el Acuerdo

El documento también sostiene, que se utilizan las coordenadas geográficas del sistema de referencia World Geodetic System de 1984. 

Señala además que cualquier controversia relativa a la interpretación o aplicación del acuerdo se resolverá de forma pacífica mediante negociación en conformidad con el derecho internacional. Y en caso de qué no se pueda llegar a un acuerdo en un periodo razonable de tiempo, cualquiera de las partes podrá recurrir a las disposiciones sobre solución de controversias previas en la quinceava parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (COVEMAR).  

En tanto que Pelegrín Castillo sostuvo que la Cancillería dominicana no podía negociar en los términos que se utilizó en el citado acuerdo sin antes modificar las declaraciones interpretativas “si querían”, cosa que no hicieron. 

La República Dominicana tiene una línea costera que se extiende a lo largo del mar Caribe y el océano Atlántico. Ahí posee derechos sobre los recursos marinos y la gestión de actividades como la pesca y el turismo. 

Y según la COVEMAR, el país reivindica 12 millas náuticas de aguas territoriales. Así como una zona económica exclusiva que se extiende hasta 200 millas náuticas. 

¿A quién beneficia?

Ambos analistas sostuvieron que el acuerdo beneficia a los Países Bajos, que cuenta con una infraestructura avanzada para la explotación de hidrocarburos. Mientras que la República Dominicana pierde acceso a posibles yacimientos en su zona económica exclusiva, limitando la capacidad para explotar sus propios recursos marinos. 

Además, indicaron que el tratado también contraviene el artículo 9 de la Constitución dominicana, que dice: “El territorio de la República Dominicana es inalienable”. Eso significa que no puede ser vendido, cedido ni entregado a otra nación o entidad. 

Y por si fuera poco, ese convenio vulnera la Ley 66-07, que declara a la República Dominicana como un “Estado Archipelágico”. Según los especialistas, el acuerdo no le reconoce esa condición al país. 

Tribunal Constitucional

Tras pasar tres años de haber sido firmado el acuerdo, el Tribunal Constitucional, el 18 de octubre de 2024, lo aprobó, con siete votos a favor, cuatro disidentes y dos salvados. 

Esta decisión está contenida en la Sentencia TC/0547/24 y según este documento, los 4 jueces que emitieron votos disidentes consideraron que el acuerdo «no es conveniente para el país». 

Aunque el acuerdo fue declarado conforme a la Constitución, aún debe someterse a la aprobación del Congreso Nacional. Este paso ha sido considerado como crucial, ya que el legislativo tiene la responsabilidad de revisar y ratificar este criticado tratado internacional y garantizar que se protejan los intereses y la soberanía nacional.