Denuncian cobro ilegal de anticipos en clínicas para atender emergencias

En la República Dominicana, acudir a una sala de emergencias puede convertirse en una experiencia traumática no solo por la condición de salud del paciente, sino también por la exigencia de dinero antes de recibir atención médica. Así lo revela un trabajo presentado en el programa Reporte Especial, conducido por Julissa Céspedes, donde se expone cómo diversas clínicas continúan solicitando anticipos económicos pese a que esta práctica está prohibida por ley.

La problemática, según el reportaje, afecta a personas que atraviesan situaciones críticas de salud y que, lejos de recibir asistencia inmediata, enfrentan trabas administrativas por no disponer del dinero exigido para ser atendidas o ingresadas a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Una práctica prohibida por resolución

Con el objetivo de frenar este tipo de situaciones, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) emitió la Resolución 156-08, que prohíbe a las Prestadoras de Servicios de Salud (PSS) exigir anticipos o depósitos a los afiliados del Seguro Familiar de Salud (SFS) como condición para brindar atención médica.

El párrafo primero de dicha resolución establece que en ningún caso o circunstancia se puede condicionar la atención médica al pago previo de dinero. Sin embargo, la investigación revela que la normativa continúa vulnerándose.

DIDA: “Primero se atiende, luego se cobra”

El director general de la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), Elías Báez, explicó que la prioridad debe ser la vida del paciente. Además, subrayó que ningún pago previo puede condicionar la atención en emergencias médicas.

“Al paciente tienen que atenderlo, incluso internado en UCI si lo requiere, sin que se le pida depósito. El cobro es posterior, nunca antes”, afirmó.

Báez señaló que, al asumir la dirección de la entidad, detectaron múltiples irregularidades, incluyendo cobros indebidos y retenciones ilegales. Desde entonces, la DIDA ha intensificado la vigilancia y ha promovido que los ciudadanos reclamen sus derechos.

Casos sancionados y condenas millonarias

El reportaje recuerda el caso del joven Nahím Contreras Aristy, quien falleció en 2022 tras sufrir un accidente de tránsito. Según el expediente, no fue ingresado de inmediato a la UCI de la Clínica Dr. Perozo, en Higüey, hasta que sus familiares pagaron un depósito de 25,300 pesos.

Por este hecho, condenaron a la clínica. En enero de este año, la Cámara Civil de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís ratificó una sentencia que ordena el pago de 10 millones de pesos como indemnización por daños morales a los padres del joven.

Asimismo, SISALRIL ha impuesto sanciones económicas a varios centros de salud, entre ellos el Centro Médico Vista del Jardín y la Clínica Abel González. Estas medidas se deben a que incurrieron en la práctica de exigir dinero antes de brindar atención en emergencias.

En 2023, Vista del Jardín recibió sanción de más de un millón 642 mil pesos por cobrar anticipos a afiliados del sistema.

Retención de pacientes: otra práctica ilegal

Otra irregularidad denunciada es la retención de pacientes hasta tanto se pague la factura médica. De acuerdo con la DIDA, esta práctica constituye una violación a la Constitución, que establece que nadie puede privarse de libertad por deudas.

Las autoridades explican que, en caso de discrepancias con el monto facturado, el procedimiento correcto es contactar a la Administradora de Riesgos de Salud (ARS) correspondiente para determinar el copago, que no debe exceder el salario mínimo cotizable establecido por la Tesorería de la Seguridad Social.

Llamado a denunciar

Frente a la persistencia de estas prácticas, la DIDA reiteró que mantiene un servicio de asistencia 24 horas para recibir denuncias. Además, trasladan supervisores a los centros de salud cuando sea necesario.

El llamado es claro: ninguna clínica puede negarse a atender una emergencia por falta de dinero. Esto aplica sin importar si el paciente tiene seguro, no lo tiene o incluso si es extranjero.

El reportaje concluye planteando una interrogante que interpela al sistema sanitario: ¿puede el dinero estar por encima de la vida humana?

Mientras las sanciones continúan imponiéndose, el desafío sigue siendo garantizar que las resoluciones y leyes vigentes se cumplan de manera efectiva. De esta manera, ningún paciente verá comprometida su vida por no poder pagar un depósito en el momento más vulnerable de su existencia.