Santo Domingo. – En República Dominicana se habla de la percepción de la seguridad ciudadana, ya que en los últimos años los reportes oficiales indican que existe una de baja criminalidad, según lo presentó este domingo el programa Reporte Especial con Julissa Céspedes.
Pero el sentimiento de la gente es que los datos van, por un lado, y la realidad por otro, incluso algunos segmentos de la población hasta claman por mano dura, al punto de estar dispuestos a reducir libertades sociales a cambio de sentirse más seguros.
Las imágenes y videos compartidos diariamente por ciudadanos combaten el discurso oficial y piden que se tome control de la delincuencia de calle. Muchos incluso se preguntan si es que el sistema se articula de forma tal que la única salida para la gente sea pedir que le den “de baja” a los delincuentes.
En un universo funcional, tan solo denunciar con pruebas debería ser suficiente para que quienes azotan a la gente en las calles recibieran consecuencias que limiten su accionar delictivo; sin embargo, la realidad es otra.
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Eventos Criminales
La mano dura es equivalente a plomos y en ocasiones los llamados intercambios de disparos son el desenlace final de eventos criminales recurrentes que no pudieron encontrar consecuencias dentro del sistema de justicia.
El sistema tipifica estos eventos como acción legal, lo que significa que el uso de la fuerza y el empleo de arma de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley está contemplado en las normas de combate de la misma delincuencia.
El Código Procesal Penal establece un principio negativo que orienta el uso de las armas en mano del Policía Nacional frente a los criminales, ya que se indica bajo qué circunstancias se hará uso del arma de reglamento y aclara como proceder con los arrestos y el uso de la fuerza incluso bajo resistencia.
La excepción, como todas las reglas, se da cuando la situación específica en que esa resistencia es “a plomo” y es que en tan solo un mes y medio que lleva el 2025, ya 20 personas perdieron la vida bajo estas condiciones.
Datos
Según registros de la Procuraduría General de la República (PGR), entre enero y septiembre de 2024, se contabilizaron 172 homicidios en el marco de acciones legales.
Esa cifra representa aproximadamente una muerte diaria y un promedio de 19 fallecimientos mensuales.
Las víctimas de estos enfrentamientos armados son jóvenes que oscilan en edades entre 22 y 37 años de edad.
Mientras que informes policiales, sostienen que la mayoría de los casos están vinculados a delitos graves como homicidio, robo y asalto a mano armada.