Santo Domingo.- El Parque Nacional Sierra de Bahoruco estaría siendo el punto de interés de una supuesta mafia inmobiliaria que dejaría al Estado dominicano sin el 70% del terreno de ese patrimonio natural o tendría que pagar más de RD$4,000 millones a los reclamantes.
El caso se conoce en la justicia, donde el veredicto del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sentenció al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales al pago de RD$1,266 millones a favor de Tomás Dantes Castillo y su firma DC International, de la cual ostenta el cargo de gerente.
En una investigación del programa Reporte Especial con Julissa Céspedes, se determinó que ese pago solo cubre dos de las siete demandas de Dantes Castillo.
Si las cinco restantes demandas resultaran con el mismo fallo, la suma de indemnización se elevaría a una obligación financiera de RD$4,238 millones.
Según el abogado experto temas ambientales, Nelson Pimentel, con este caso se pone en juego, no solamente los derechos de propiedad que se han registrado Parque Nacional Sierra de Bahoruco, sino que se arriesga el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de la República Dominicana, porque evidencia una profunda fragilidad jurídica.
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Mientras que para el ambientalista, Nelson Bautista, este caso es sorprendente porque un ciudadano o una empresa de buena a primera se declaren dueño de un porcentaje de un territorio que está protegido, no solo como parque nacional desde 1983, sino vedado por el Consejo de Estado en 1962 y hasta las legislaciones ambientales vigentes.
Asimismo, dijo que el papel de la jurisdicción inmobiliaria dominicana es muy pobre, debió tener este caso bloqueado. Además, indicó que debe investigarse, enmendarse y corregirse esta omisión sistemática del registro inmobiliario con relación a las áreas protegidas.
Conflicto judicial
En diciembre de 2022, vísperas de fin de año, la registradora de títulos, Janny de los Santos Concé, entregó una constancia anotada a DC International.
Ante esta acción, en enero de 2024, el Grupo Jaragua y la Fundación Acción Verde presentaron un recurso de tercería contra la sentencia emitida en junio de 2023 por los jueces Luisa del Carmen Canaán, Alina Mora de Mármol y William Encarnación Mejía, de la Primera Sala del TSA, en la cual se otorgó a la entidad DC International una compensación de 676 millones de pesos en su demanda de justiprecio contra el Estado dominicano.
En la última audiencia, DC International argumentó que el Estado había expropiado ilegalmente una porción de tierra desde 1983, basándose en varios decretos y certificaciones.
Acción del Estado
La sentencia establece que ninguna de las instituciones ni la demandada, que fue el Ministerio de Medio Ambiente, ni las intervinientes forzosas que fueron: la Dirección General Bienes Nacionales, la Procuraduría General de la República y Procuraduría Administrativa presentaron escrito de defensa.
Conforme el fallo, el Ministerio de Medio Ambiente solicitó que se declarara inadmisible la demanda en justiprecio por falta de documentación. Además, porque DC Internacional no cumplía con la Ley 344, al no estar debidamente deslindada, y por no saber en qué lugar le corresponde pagar.
Asimismo, la Dirección General de Bienes Nacionales pidió ser excluida del proceso y rechazó la demanda por falta de fundamentos jurídicos.
De su lado, la Procuraduría General de la República argumentó que el terreno no está debidamente deslindado y que otras personas, además de DC International, también tienen posesión y derecho de propiedad sobre partes de la parcela.
El recurso de tercería del Grupo Jaragua y la Fundación Acción Verde señala que la sentencia tiene errores. No toma en cuenta una certificación que muestra la historia de la parcela 4213, donde se encuentra el terreno en disputa. La cual indica que la parcela estaba destinada como reserva forestal desde 1962, lo que la convierte en propiedad del Estado.
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Protección del área
En 1962, el Consejo de Estado declaró el territorio como un área vedada, imponiendo restricciones para proteger su riqueza natural.
En el 1983, el Estado dominicano oficializa el territorio como el Parque Nacional Sierra de Bahoruco, comprometiéndose así con su conservación.
Para el 1986, se amplía el parque y se establecen límites precisos mediante la ordenanza del Poder Ejecutivo 155-86.
En el 2004, se promulga la Ley 202-04 de Áreas Protegidas y Biodiversidad, que prohíbe que estas áreas sean registradas como propiedad privada por terceros.
Valor ecológico de Sierra de Bahoruco
Con sus 1,100 kilómetros cuadrados, el Parque Nacional Sierra de Bahoruco se distribuye entre Pedernales (57%); Independencia (36%); y Barahona (7%). Su formación geomorfológica lo convierte en uno de los lugares más diversos del Caribe, tanto en paisajes como en especies endémicas.
La diversidad de ecosistemas en la Sierra de Bahoruco es asombrosa: desde bosques húmedos y nublados hasta pinares y selvas tradicionales. Se puede pasar de cero a 2,400 metros sobre el nivel del mar.
El Parque Nacional Sierra de Bahoruco, situado en un conjunto montañoso, es vital para el suministro de agua en una región árida.
