José Ramón Peralta, exministro administrativo de la Presidencia y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), aseguró que la apelación del Ministerio Público a la sentencia que le exoneró carece de fundamento porque, según él, “no había ninguna prueba” que lo vinculara a ilícitos.
Peralta dijo que la jueza dictó un no lugar tras casi dos años de instrucción, y que la apelación del Ministerio Público y los abogados del Estado lo obligaron a explicar públicamente su versión del caso.
“El caso nuestro era político del primer momento”, afirmó, y sostuvo que sus abogados no politizaron el proceso mientras confiaban en que la falta de pruebas conduciría al sobreseimiento.
Relató que se realizaron varias auditorías en su gestión en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, que no arrojaron salvedades, y mencionó una auditoría de 2019 entregada al en ese entonces ministro José Ignacio Paliza que, según dijo, destacó una buena gestión.
Peralta negó la existencia de una supuesta reunión en el Palacio Nacional para recaudar fondos, señalando que la acusación no consignó fecha, hora ni testigos que corroboraran el encuentro.
Cambios en testimonios
Señaló como pieza central la declaración de un testigo, el ingeniero Bolívar Ventura, cuya versión, según Peralta, cambió entre 2021 y 2022 sobre la entrega de cheques señalados en la investigación.
Indicó que en 2021 Ventura afirmó que ciertos cheques resultaron entregados a tres personas, mientras que en 2022 atribuyó la entrega a otra persona, mencionando a Francisco Pagán y a terceros.
Peralta sostuvo que no existe una sola prueba documental, bancaria o tributaria que lo vincule: citó informes de la Dirección General de Impuestos Interna (DGII), la Superintendencia de Bancos y la Contraloría que, según él, no registran irregularidades en sus empresas ni operaciones sospechosas.
Sobre el testimonio de otros imputados, mencionó el caso de Mimilo Jiménez y la postura de algunas organizaciones que, a su juicio, consideraron suficiente ese testimonio para llevarlo a juicio, lo cual calificó como una violación del principio de presunción de inocencia si no va acompañado de pruebas.
Denunció además que terminó privado de libertad casi ocho meses por informaciones que, según dijo, se ocultaron a tribunales y que en realidad estaban en poder de las autoridades desde hacía años.
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Fabricación de pruebas y afectación personal
Peralta afirmó que se fabricaron interrogatorios y documentos, y acusó al proceso de incluir declaraciones contradictorias del mismo testigo en diferentes expedientes, lo que, según él, debería esclarecerse judicialmente.
Relató que tras allanamientos se le confiscaron teléfonos y computadoras y que no se encontraron pruebas que mostraran transferencias o rutas del dinero señaladas por la acusación.
Dijo haber obtenido una sentencia por difamación en un caso previo, en la que el condenado resultó sentenciado a pagar una indemnización que, según explicó, él perdonó y cuyo cumplimiento no hizo ejecutar.
Peralta anunció que, por la situación, hará una pausa en su actividad política para dedicarse a defender su honor y esclarecer lo ocurrido, pero aseguró que no se retirará definitivamente de la política.
Informó que aún no ha sido notificado de la apelación y pidió que este tipo de procesos no se repitan en el país, alegando el atropello sufrido por él y su familia ante lo que considera una falta de pruebas.
