El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), Manuel María Mercedes Medina, afirmó que entre 2018 y 2025, las ejecuciones extrajudiciales han incrementado en el país, dejando como resultado unos 4,500 dominicanos fallecidos en alegados «intercambios de disparos».
Mercedes afirmó durante entrevista en Despierta con CDN que en 2025 se reportaron 189 ejecuciones extrajudiciales con un patrón creciente en los últimos siete años. La mayoría de las víctimas mortales se encontraban en un rango de edad entre 18 a 35 años.
El activista, quien participó en un documento base para la reforma policial señaló tres fallas en el proceso iniciado por el gobierno de Luis Abinader: la ausencia de depuración, la falta de formación de una policía para el Estado democrático y social de derechos, y la impunidad que permite que prácticas violentas persistan.
La Comisión documentó, además, casos concretos: jóvenes que aparecen muertos tras ser detenidos; detenciones con torturas, incluida asfixia con fundas para forzar declaraciones; y fugas de detenidos para las cuales, según Mercedes, se pagó para facilitar la salida.
Enfatizó que cuando agentes del Estado ejecutan a una persona existe una violación de derechos humanos, por lo que los múltiples casos constituyen un problema sistémico y no hechos aislados.
Puntualizó, además, que el rol de la institución consiste en defender derechos integrales como la vivienda, la salud y la educación, y promover la comprensión ciudadana sobre cuándo corresponde reclamar al Estado por violaciones a los derechos humanos y cuándo se trata de delitos entre particulares sujetos al Código Penal.
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Medidas, avances y limitaciones
Sobre avances en la reforma policial, Mercedes reconoció mejoras en condiciones de vida de algunos agentes y actuaciones puntuales de directores regionales que actuaron ante denuncias, pero reiteró que la reforma no ha atendido el fondo y que persisten «islas de poder» como la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim).
Mercedes también advirtió problemas en el sistema judicial: más de 60 privados de libertad llevan meses sin que los vea el juez natural de las 48 horas y se emiten alrededor de 600 órdenes de prisión mensuales, lo que presiona el sistema penitenciario.
El promotor de los derechos humanos concluyó que la sociedad debe mantenerse vigilante y que la reforma policial requiere profundizar en depuración, formación y establecimiento de consecuencias para evitar que casos como el de Darlin Mercado Reyes, ultimado por un agente policial el pasado viernes.
