Los impuestos al consumo de base amplia son regresivos, porque los hogares pobres destinan una mayor proporción de sus ingresos al gasto derivado del consumo. Ello implica que el peso del impuesto como porcentaje del ingreso es mayor para esas familias que para los contribuyentes de mayores ingresos, lo que acentúa la desigualdad e inequidad distributiva.
Para que una reforma orientada hacia la tributación del consumo sea socialmente aceptada, debe incorporar mecanismos compensatorios que preserven el ingreso real de los hogares más vulnerables. Esto se lograría mediante una transferencia monetaria directa que neutralice el efecto regresivo; es decir, se trata de devolver un monto equivalente a la suma adicional que se tendrá que pagar por concepto de impuesto al consumo que sustituirá al impuesto sobre la renta.
Una política tributaria óptima debe minimizar las distorsiones, promover la productividad y sostener el crecimiento, sin deteriorar el bienestar de los sectores de menores ingresos. De forma complementaria, el gasto público ha de fortalecer el capital humano de ese segmento de la población para que pueda insertarse con facilidad en el mercado laboral y obtener ingresos más altos.
La evidencia económica sugiere que los impuestos al consumo, acompañados de transferencias bien diseñadas para proteger a los más vulnerables, permiten recaudar con eficiencia, promover la inversión y sostener una senda de expansión del bienestar. En una democracia, la elección está en manos de los ciudadanos. ¿Se desea un sistema tributario que penalice el trabajo o uno que recaiga sobre el consumo? La respuesta es clave para la trayectoria económica de la República Dominicana.