La existencia de un Estado funcional exige recursos. Para financiarlos, se establecen contribuciones obligatorias que inciden sobre las decisiones actuales y futuras de los agentes económicos. El impuesto sobre los ingresos de las personas físicas o jurídicas se basa en la capacidad económica de los contribuyentes. En ciertos casos, la tasa impositiva aumenta con el nivel de ingreso, como sucede en la República Dominicana con el impuesto sobre la renta de personas físicas, que oscila entre el 15% y el 25%. En otros, la tasa es constante, como el 27% que grava la utilidad neta de las empresas.
El impuesto sobre la renta distorsiona las decisiones intertemporales de trabajo, inversión y producción. Ese tipo de impuestos lleva a los agentes económicos a modificar su comportamiento para minimizar la carga fiscal, aun cuando la decisión sea subóptima porque reduce la productividad y la capacidad de crecimiento actual y futura.
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Un impuesto sobre la renta con una alta tasa marginal efectiva aumenta el costo de oportunidad de trabajar y, en consecuencia, reduce la cantidad de horas trabajadas e impacta negativamente sobre la producción y generación de ingresos.
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Además, dicho tributo, al gravar los intereses, dividendos y ganancias de capital, desincentiva el ahorro, encarece el costo del capital, limita la inversión, frena la innovación y recorta la tasa de crecimiento de largo plazo. El resultado de todo ello es un menor nivel de ingreso real.