En menos de tres semanas el nuevo Código Penal podría comenzar a regir la aplicación de condenas en el sistema de justicia dominicana y colocarse a la par de las nuevas formas de delitos, sin embargo, no es la primera vez que la importante norma llega a este punto.
Más de siglo y medio de desactualización penal frente a las nuevas modalidades del crimen podrían quedar atrás en poco más de dos semanas.
La carrera por modernizar el Código Penal entra en la recta final, solo a la espera de superar la aprobación de unas 32 modificaciones introducidas por los reclamos de diversos sectores, antes de su entrada en vigencia en agosto.
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La larga ruta del Código Penal
Así, este catálogo, que define y recoge los delitos y penas del país, se coloca lo más cerca de la meta. Esa meta ha estado presente durante casi 30 años de intentos de modificación.
Pero no es la única vez. Desde 2004, en el segundo gobierno de Leonel Fernández, iniciaron los debates para actualizar el Código Penal. El argumento era que su versión original ya no respondía a las necesidades de la justicia moderna.
En 2006, el Congreso aprobó una reforma. Sin embargo, el entonces presidente Fernández la devolvió al alegar incongruencias con el Código Procesal Penal.
Más tarde, el Congreso aprobó una nueva versión durante la gestión de Danilo Medina. Sin embargo, el mandatario la observó debido a la controversia sobre la interrupción del embarazo.
El tema del aborto, entre otros, continuaba frenando los intentos de modificación. Además, mantenía una intensa confrontación entre grupos próvida y defensores de las causales, dentro y fuera del Congreso Nacional.
Tras relegar el debate del aborto por causales a la promesa de una ley especial, en 2025 el Congreso superó esa discusión. Finalmente, el presidente promulgó el Código Penal mediante la Ley 74-25.
Sin embargo, el Congreso lo aprobó con la salvedad de que entraría en vigencia un año después. Antes deberá agotarse un período de vacación legal para dirimir otras inconformidades surgidas, como las relativas a la libertad de expresión. Además, permitirá realizar las modificaciones que aún aguardan aprobación en una delgada línea de tiempo que parece atentar, una vez más, contra su aplicación.