Santo Domingo. – Las calles de la capital dominicana vivieron recientemente un ambiente tenso por el tema haitiano, donde marcharon los grupos enfrentados por el tema de la nacionalidad en el país, cada uno exigiendo que se cumpla con sus demandas.
El pasado 23 de septiembre un grupo de manifestantes haitianos alzaron su voz frente al Palacio Nacional, desafiando al mismísimo presidente de la nación.
Los miembros del Movimiento Reconocido, exigieron el otorgamiento de nacionalidad dominicana, al cumplirse 11 años de la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13. Cuatro días después, la Antigua Orden Dominicana convocó una marcha hacia el Palacio Nacional en contra de la migración ilegal de haitianos en territorio dominicano.
Este conflicto fue analizado en el programa Reporte Especial con Julissa Céspedes, donde incluso la protesta en contra de la supuesta desnacionalización que sufrieron los descendientes de haitianos nacidos en República Dominicana tuvo respuesta del gobierno.
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Escenario histórico
La isla de La Española es el escenario de una de las crisis de identidad y nacionalidad más complejas del hemisferio occidental. Esta lucha hunde sus raíces en siglos de historia compartida, separada por una frontera más política, cultural, histórica, económica, que geográfica.
Por un lado, descendientes de haitianos irregulares nacidos en suelo dominicano, que claman por el reconocimiento de una nacionalidad que siente suya. Por el otro, un Estado que se aferra a leyes y que trazan una línea clara: la sangre, no el suelo, determina quién es dominicano.
Sentencia del TC
El 23 de septiembre de 2013, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana emitió la sentencia 168-13, un fallo que marcaría un antes y un después. La sentencia estableció que aquellos nacidos entre 1929 y 2010, cuyos padres ingresaron ilegalmente al país, no tenían derecho a la nacionalidad dominicana. Lo que impactó a más de 200 mil ilegales que erróneamente llaman “apátrida”.
La Constitución y las leyes migratorias de la República Dominicana establecen claramente los criterios para la nacionalidad. Según estos, los manifestantes no son reconocidos como dominicanos, sino como haitianos.
La Carta Magna prioriza el jus sanguinis, donde la nacionalidad se hereda de los padres, y aunque se reconoce el jus soli, es decir, nacimiento en territorio dominicano, hay una excepción para los hijos de extranjeros en situación irregular.
La sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional en 2013 reafirmó que los hijos de extranjeros irregulares no tienen derecho a la nacionalidad dominicana, incluso si nacieron en el país. La ley migratoria anterior ya excluía a los hijos de trabajadores temporeros del derecho a la nacionalidad.
Defensa de RD
Mientras que el gobierno dominicano defiende su derecho soberano a regular su ciudadanía, alineado con normas internacionales. Considera que estos individuos son extranjeros de ascendencia haitiana, ya que tienen derecho a la nacionalidad haitiana por descendencia.
A 11 años de la sentencia del 2013, el Movimiento Reconocido denunció que los intentos legislativos para mitigar el impacto han sido limitados.