La audiencia para conocer la medida de coerción contra cuatro colaboradoras del Instituto Integral Leonardo Da Vinci resultó aplazada para este miércoles, luego de que los abogados de la familia de Stephora Anne-Mircie Joseph solicitaran tiempo para presentar una querella formal. La menor, de 11 años, murió ahogada durante una excursión escolar sin recibir asistencia oportuna, según denunciaron los representantes legales.
Durante la exposición, los abogados describieron como estremecedor el momento previo a la muerte de Stephora. Aseguraron que en un video se escucha a la niña pedir auxilio, mientras varios compañeros observan su desesperación sin emitir ninguna una alerta. Indicaron que, tras sumergirse, los niños se marcharon del área sin que ningún adulto interviniera de inmediato.
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El abogado Miguel Valdemar Díaz explicó que solicitaron el aplazamiento para presentar nuevas pruebas, denunciar irregularidades en el expediente y ampliar los pedimentos del caso. Señaló que las maestras pidieron no llamar al 9-1-1 durante la emergencia, sino únicamente a la directora del centro educativo.
Su colega, Shesnel Calcaño, afirmó que detrás del colegio opera un grupo económico que ha intentado manejar el proceso “como si estuviera por encima de la ley”, y que la querella incluirá al propio centro Leonardo Da Vinci.
Negligencia en muerte de Stephora
La defensa también denunció una presunta actuación negligente del personal durante la excursión, alegando que las maestras permanecieron lejos de la piscina, ocupadas con sus teléfonos, y que fue media hora después cuando tres niños descubrieron el cuerpo de Stephora y la sacaron del agua.
La magistrada Olga Diná Llaverías, titular de Dinnaf, estuvo presente en la audiencia y garantizó que el proceso se desarrollará conforme a la ley para que los responsables reciban la sanción correspondiente.
Sobre el caso de Stephora
Las imputadas son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa; Gisela González, coordinadora general. Asimismo, Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora; y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. El Ministerio Público solicita para cada una garantía económica de 50 millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida.
Los abogados de la familia lamentaron el manejo del caso, el supuesto ocultamiento de evidencia y lo que consideran intentos de evitar el escrutinio judicial.