Santo Domingo, RD.- La auditoría que le realizó la Cámara de Cuentas al Plan de Humanización del Sistema Penitenciario revela serias irregularidades e inobservancias a la Ley de Compras y Contrataciones. El programa Reporte Especial con Julissa Céspedes constata que el manejo cuestionable de más de 10 mil millones de pesos compromete civil y administrativamente a los principales funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) durante agosto de 2016 y 2020.
El programa destaca las anomalías más importantes cometidas durante la gestión de Jean Alain Rodríguez. El más llamativo es que el Comité de Compras y Contrataciones de la Procuraduría adjudicó 103 millones 525 mil 976 pesos para la construcción del Centro de Atención Integral de la Persona Adolescente en Conflicto con la Ley Penal (Caipaclp) de Barahona a una empresa propiedad de una funcionaria del Ministerio de la Presidencia.
Se trata de Ángeles Rodríguez, quien tiene acciones en la empresa Espacio y Arquitectura, que resultó adjudicataria. Al momento de la contratación, esta se desempeñaba como directora administrativa y financiera del Ministerio de la Presidencia.
La investigación evidencia que Ángeles Rodríguez ocupa ese cargo desde el 1 de agosto del 2017. Y de acuerdo con la nómina del Ministerio de la Presidencia del mes de mayo del 2022, se mantiene en el puesto. Devenga un salario de 200 mil pesos mensuales.
El informe también establece que la Procuraduría realizó adjudicaciones a empresas pertenecientes a los mismos socios en un mismo procedimiento de selección. El monto asciende a 109 millones 809 mil 445 pesos.
Se identificaron irregularidades en el proceso de Licitación Pública para la Construcción de Nuevos Edificios en Centros de Corrección y Rehabilitación Existentes. Los lotes 10 y 7 se les adjudicaron a las empresas ABASTESA, S.A.S. y CONSTRUCTORA INTEGRADA, S.A.S. El monto sobrepasa los 65 millones de pesos.
Ambas compañías comparten la misma dirección. José Antonio Santana Julián es el presidente de las dos. Mientras que Delin Del Carmen Tavares González en una figura como vicepresidenta, y en otra como secretaria. Delin del Carmen alterna posiciones con Felipe Armando Fernández De Castro Ascencio.
Por otro lado, para la supervisión de obras del Centro Correccional y Rehabilitación La Nueva Victoria se contrataron a las empresas Kabul SRL y Consorcio Ebusa. Ambas con la misma dirección, y representadas por Erik Danny Bueno Tejada. Un monto total de 44 millones 553 mil 242 pesos.
Asimismo, la investigación especial realizada por el órgano regulador detalla que entre 2016 y 2020 en la Procuraduría realizaron pago de avance sin certificación de registro de contrato y sin póliza de garantía por más de 617 millones 813 mil 351 pesos.
