«Cada discusión parece necesitar un adversario. Y cuando la política se organiza alrededor de confrontaciones permanentes, el consenso deja de ser el objetivo y el conflicto se convierte en instrumento».
Las instituciones no suelen derrumbarse de un día para otro. Se erosionan lentamente, cuando las reglas dejan de inspirar confianza y los procedimientos dejan de generar legitimidad.
La historia demuestra que las democracias rara vez fracasan por un solo acontecimiento. No colapsan necesariamente cuando se suspenden elecciones o se cierran congresos. Mucho antes de eso, comienzan a perder algo más difícil de recuperar: la confianza. La confianza en que las reglas del juego son previsibles. En que los acuerdos serán respetados. En que las leyes responderán al interés general antes que a la fuerza circunstancial de una mayoría.
Ese parece ser, silenciosamente, el verdadero debate que empieza a instalarse en la República Dominicana.
No se trata únicamente de la modificación de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Ni solo de la reforma laboral, del nuevo Código Penal o del alza en los costos de los pagos electrónicos que llevó a las estaciones de combustibles a advertir sobre el retiro de terminales, creando incertidumbre a millones de consumidores.
Analizados por separado, todos esos temas admiten posiciones legítimas y diferencias políticas razonables. Pero observados en conjunto, empiezan a revelar algo distinto. No una ley. No un gobierno. No un Congreso. Sino un método.
Y los métodos definen la calidad de las instituciones mucho más que las leyes individuales.
En los últimos meses, distintos sectores han expresado una preocupación que merece atención: tras participar en mesas técnicas y procesos de diálogo, sostienen que los textos finalmente aprobados incorporaron cambios relevantes respecto de lo discutido. No corresponde aquí determinar si todas esas críticas son correctas. Pero sí reconocer que la reiteración de esa percepción produce consecuencias. Porque el consenso deja de ser un mecanismo para construir mejores políticas y comienza a percibirse como un procedimiento cuyo resultado puede alterarse en las etapas finales.
Todo congreso tiene el deber de legislar. Pero los grandes congresos no se distinguen por la cantidad de leyes que producen, sino por la inteligencia con que seleccionan sus prioridades.
LE PUEDE INTERESAR:
La reforma de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos es un buen ejemplo. Más allá del fondo, diversos representantes empresariales cuestionaron el procedimiento y el esquema de contribuciones aprobado. El debate merece escucharse: no porque el sector tenga razón por definición, ni porque el Congreso se haya equivocado, sino porque las políticas de mayor impacto económico requieren tiempo para deliberar.
Si el objetivo de una política ambiental moderna es que quien más residuos genera asuma mayor responsabilidad y quien menos impacta reciba incentivos para reducir y reciclar, cualquier esquema que no diferencie entre realidades empresariales distintas abrirá un debate sobre proporcionalidad y equidad.
No enfrenta la misma realidad quien recicla que quien no lo hace; ni una empresa plenamente operativa que otra temporalmente inactiva. Ese tipo de diferencias requiere parámetros técnicos, no solo decisiones políticas. Y para construir esos parámetros existen las consultas y las mesas de consenso. Cuando esas etapas dejan de generar confianza, el problema deja de ser ambiental y se vuelve institucional.
Durante décadas, las grandes democracias procuraron que las leyes redujeran los conflictos sociales mediante reglas claras y estables. Pero cuando la agenda legislativa se organiza alrededor de obligaciones, contribuciones y sanciones, puede producirse un efecto no deseado: la economía del conflicto.
Cada reforma crea un grupo que siente haber ganado y otro que siente haber perdido. Empresarios frente a trabajadores. Comerciantes frente a consumidores. Estado frente al sector privado. Cada discusión parece necesitar un adversario. Y cuando la política se organiza alrededor de confrontaciones permanentes, el consenso deja de ser el objetivo y el conflicto se convierte en instrumento. Las sociedades más exitosas no eliminan el conflicto: lo contienen mediante instituciones fuertes. Las más frágiles terminan alimentándolo.
A ello se suma un costo menos visible. Toda ley genera beneficios, pero también costos: fiscales, regulatorios, administrativos. Cuando una empresa enfrenta una nueva obligación, ese costo rara vez desaparece; se incorpora a los precios, al financiamiento, a la inversión y, finalmente, llega al ciudadano. La economía funciona como vasos comunicantes: los costos no desaparecen, solo cambian de bolsillo. Por eso es insuficiente evaluar una ley por la nobleza de su objetivo. Una economía no pierde competitividad por una sola regulación, sino cuando muchas, individualmente razonables, se acumulan sin una evaluación integral de sus efectos.
Existe un fenómeno estudiado por la ciencia política: el populismo legislativo. Consiste en transmitir que el Estado resuelve problemas porque produce leyes con rapidez. Una nueva tasa. Una nueva contribución. Una nueva prohibición. Cada una comunica acción. Pero gobernar no consiste en producir más normas, sino mejores resultados. La verdadera pregunta nunca debería ser cuántas leyes aprueba un Congreso, sino cuántos problemas resuelven realmente.
Y así como la inflación monetaria reduce el valor del dinero, la inflación normativa reduce el valor de la propia ley. Las democracias más sólidas no se caracterizan por producir enormes cantidades de leyes, sino pocas, bien discutidas, técnicamente robustas y suficientemente estables para permanecer durante décadas. La estabilidad también genera desarrollo. La previsibilidad también genera inversión. La confianza también produce crecimiento.
Quizá el mayor riesgo no sea una ley determinada, ni siquiera un conjunto de leyes. El verdadero riesgo es acostumbrarnos. A que las urgencias sustituyan la deliberación. A que los consensos puedan modificarse al final del proceso. A medir el éxito legislativo por la cantidad de leyes y no por la calidad de las instituciones que fortalecen.
Toda democracia enfrenta una prueba difícil cuando quienes llegaron al poder prometiendo transformar la forma de ejercerlo comienzan a parecerse, en los métodos, a aquello que durante años cuestionaron. Esa reflexión trasciende cualquier partido y cualquier gobierno, porque pertenece a la naturaleza misma del poder.
La República Dominicana necesita reformas, modernizar leyes y responder a desafíos que hace veinte años no existían. Pero también necesita preservar el activo más valioso de cualquier democracia: la confianza. Porque las sociedades no fracasan cuando dejan de producir leyes. Fracasan cuando dejan de producir confianza.
Una ley puede modificarse. Un Congreso puede renovarse. Un gobierno puede ser sustituido. Lo verdaderamente difícil de reconstruir es el capital institucional de una nación que empieza a creer que los consensos dejaron de obligar. Las leyes que hoy se aprueban seguirán regulando la vida de nuestros hijos cuando ninguno de los actuales legisladores ocupe una curul. Por eso nunca deberían responder únicamente a la urgencia del presente, sino al interés nacional del futuro.