El economista José Luis de Ramón, quien lidera la comisión que evalúa de manera científica el polémico Proyecto Minero Romero en San Juan afirmó que en el país hace falta decisión política para escoger entre ser unos «hippies mineros o la minería».
Durante entrevista en el programa Despierta con CDN explicó que algunos de los problemas originados en proyectos como los de Falcondo y Rosario datan de contratos antiguos y otros por “descuidos de las autoridades”, y que en varios casos las comunidades cercanas no han recibido los beneficios esperados de la explotación.
“Una minera como Barrick sí le da al Estado el dinero que le tiene que dar para que vaya la comunidad. ¿Qué pasa? Que desde el momento que el cheque entra en el Estado, pa’lante, ese dinero no va donde tiene que ir”, afirmó De Ramón.
De Ramón resaltó lecciones históricas: contratos complejos, renegociaciones y errores como salidas de empresas que dejaron problemas; pero también recordó ejemplos de compensación efectiva, como las obras financiadas por Gulf and Western (G&W) en La Romana.
El economista defendió la necesidad de estudios científicos antes de tomar decisiones y alertó contra la “demonización” de la minería sin evidencia, señalando que la actividad puede ser contracíclica y relevante en crisis como la del Covid-19.
Lecciones y buenas prácticas
Para De Ramón, en este momento existen mejores prácticas y organismos internacionales, como el IFC del Banco Mundial, que establecen estándares rigurosos para financiamiento y evaluación ambiental de proyectos mineros.
Sin embargo, apuntó que lo que falta en el país es institucionalidad y decisión política para garantizar que los recursos lleguen a las comunidades y que los contratos sean responsables.
Sobre la llamada licencia social, explicó que su obtención depende de ofrecer a la comunidad beneficios concretos cuando ya se conoce el plan técnico y medidas de mitigación, no en etapas exploratorias tempranas.
“La licencia social viene de que yo en la comunidad logro un impacto que la comunidad entiende positivo”, dijo, señalando que sin un plan definido la empresa no puede formular una oferta real a la población.
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Propuestas para avanzar
Propuso que el Gobierno lidere un proceso serio, seleccionando un grupo de expertos confiables como geólogos, economistas, abogados, entre otros y que se produzca un reporte en 60 días como base para el debate público y legislativo.
Planteó además convocar a la Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD), comunicadores, universidades y partidos políticos para opinar sobre ese documento y construir una norma con fundamento científico y social.
Sim embargo, advirtió sobre comisiones amplias e ineficaces y pidió un grupo más acotado y responsable, capaz de presentar propuestas concretas que luego se discutan en el Congreso Nacional.
Pide transparencia en San Juan
El presidente de la comisión científica del proyecto Romero expresó inquietudes sobre las manifestaciones en San Juan, sugiriendo investigar el origen de los fondos y la logística que han movilizado a personas de otras localidades para garantizar transparencia.
También señaló que existen problemas estructurales en San Juan ajenos a la minería, como infraestructura de riego y pérdidas de agua: “de cada seis litros que hay en San Juan, cinco se pierden”, citó como diagnóstico sobre gestión hídrica.
Concluyó que la decisión de tener o no minería es legítima, pero pidió que la discusión se base en evidencia y planificación, y que si se opta por no explotarla haya conciencia del costo económico y de crecimiento.
