Los comunitarios de La Cuaba mantienen un campamento desde hace dos semanas en el paraje El Aguacate y anunciaron una nueva convocatoria para este domingo en protesta de la construcción de un relleno Sanitario y la planta de reciclaje de la empresa Oakhouse.
Ricardo Montero y Fabio Correo, ambos parte del liderazgo comunitario en el distrito municipal señalaron en Despierta con CDN que la lucha en contra del proyecto data desde el año 2021, con empoderamiento comunitario y rechazo ministerial en 2022.
Ambos dirigentes cuestionaron la transparencia sobre la permisología del proyecto. «Es el secreto mejor guardado del Estado, absolutamente nadie conoce la permisología», dijo Montero, quien explicó que han solicitado la documentación en la Oficina de Libre Acceso a la Información (OAI) y otras vías sin éxito.
Interpretación de sentencia del TSA
Los comunitarios dijeron que el Ministerio de Medio Ambiente y la empresa gestora del proyecto utilizan como «montaje» una sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordenó al Ministerio del Medio Ambiente conocer de nuevo la solicitud presentada por la empresa Oakhouse, luego de que el ministerio rechazara inicialmente el permiso.
Según la explicación jurídica, la sentencia obliga a «conocer nueva vez» el expediente porque la decisión ministerial no fue debidamente motivada, pero esto no otorga automáticamente el permiso sin un nuevo proceso.
En acta del Comité Técnico de Evaluación del Ministerio del Medio Ambiente del 1 de mayo de 2025, consta que se aprobó la solicitud con tres recomendaciones: realizar una encuesta para probar la conformidad comunitaria, presentar un informe del nivel freático y garantizar distancia y condiciones poblacionales y de manejo de residuos.
Los comunitarios rechazaron la idea de validar la «licencia social» mediante encuestas, aduciendo que estas pueden resultar manipuladas y que ha habido intentos de promover apoyo externo en las calles en lugar de en la comunidad afectada.
Correo además dijo que la empresa gestora «se dedica a hablar mentiras», asegurando que los comunitarios que aparecen en medios y redes sociales a favor del proyecto los paga la empresa y verdaderamente viven de Los Alcarrizos, Pedro Brand y Villa Mella, pero no se atreven a realizar manifestaciones a favor en la zona, pues garantiza, terminarían desmentidos por los verdaderos residentes.
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Sobre el agua afirmaron que existen arroyos y fuentes de agua en el área, citando visitas recientes de figuras públicas, técnicos y funcionarios que, según los comunitarios, reconocieron la presencia de agua e incluso la consumieron en terreno.
Recomendaciones, distancia y manejo de residuos
La resolución que desestimó la solicitud en 2023 estableció que futuros proyectos debían ubicarse a más de un kilómetro de centros poblacionales de menos de 2,000 habitantes; que se garantice un manejo adecuado de residuos hasta el lugar y que exista armonía social con sectores vecinos, condiciones que los comunitarios aseguran no se cumplen.
Los dirigentes indicaron que la empresa proyecta manejar «alrededor de 6,000 toneladas diarias» de la provincia de Santo Domingo más aportes del Distrito Nacional y San Cristóbal, y cuestionaron la viabilidad técnica para procesar volúmenes que podrían sumar hasta 10,000 toneladas diarias sin almacenamiento a cielo abierto.
La nueva marcha convocada por los comunitarios partirá desde el Parque Central de La Cuaba hasta la entrada del campamento, a partir de las 10:00 de la mañana del domingo.
Los líderes demandaron transparencia en el proceso, acceso a la permisología solicitada y que prime el interés comunitario y el interés general del país mientras continuarán la movilización y la vigilancia del caso.
