Santo Domingo. – El proyecto de ley que propone imponer de manera obligatoria el uso del coprocesamiento en la industria cementera representa una medida imprudente, arbitraria y con potenciales consecuencias negativas para la salud pública, el medio ambiente y la seguridad jurídica del país, afirma el editorial del periódico Diario Libre.
Precisa el escrito, que pretender que, por decreto, las empresas cementeras utilicen residuos como combustible alternativo sin contar con condiciones técnicas apropiadas, infraestructura especializada, monitoreo ambiental efectivo ni acompañamiento financiero, es una desviación de las responsabilidades estatales y municipales en materia de gestión de residuos.
“Obligar a las cementeras a asumir esta carga, sin ofrecer garantías claras ni un marco técnico robusto, es arbitrario y peligroso”, indica el editorial.
El coprocesamiento, entendido como herramienta de la economía circular, debe ser voluntario, progresivo y supervisado con rigurosidad técnica. Convertirlo en mandato legal sin consenso multisectorial ni estudios de impacto genera incertidumbre, desincentiva la inversión y debilita la competitividad industrial dominicana.
El editorial reitera que la improvisación regulatoria no puede sustituir a la planificación estratégica. La protección ambiental requiere evidencia científica, inversión responsable y diálogo genuino con todos los actores involucrados.
“La verdadera protección ambiental exige diálogo, evidencia técnica, inversión y responsabilidad compartida, no imposiciones que premian la improvisación”, puntualizo.
El país necesita avanzar hacia soluciones sostenibles en el manejo de residuos, pero no a costa de la seguridad jurídica ni del desarrollo industrial. Imponer sin evaluar, legislar sin consultar y regular sin criterios sólidos es una receta para el fracaso.
