Santo Domingo. La Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, recientemente modificada por la Cámara de Diputados, establece regulaciones específicas sobre el uso de productos de foam y bolsas plásticas de un solo uso. Esto como parte de su estrategia para reducir el impacto ambiental de los desechos en República Dominicana.
Uno de los principales cambios introducidos en la reforma es la modificación del artículo 154, que obliga a que los productos fabricados con foam sean biodegradables en al menos un 20 % durante el primer año de descomposición. Y en un 90 % en un período de cinco años.
Para garantizar este proceso, los fabricantes deberán someter sus productos a pruebas de laboratorio.Y someterse a auditorías anuales que certifiquen el cumplimiento de los niveles de biodegradación. Además, deberán contar con un certificado de cumplimiento con las normas internacionales aplicables.
La normativa también se extiende a las empresas importadoras, que estarán sujetas a los mismos requisitos. En estos casos, la Dirección General de Aduanas (DGA) será la entidad responsable de verificar que los productos de foam importados cuenten con las certificaciones necesarias.
Regulación de bolsas plásticas
Aunque el artículo modificado se centra principalmente en el foam, la Ley 225-20 también contempla disposiciones para regular la producción, comercialización y uso de bolsas plásticas de un solo uso. La legislación promueve la reducción de estos materiales no reciclables y de alto impacto ambiental, con el fin de fomentar alternativas reutilizables o biodegradables.
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En versiones anteriores de la ley, se establecían plazos para la sustitución progresiva de las bolsas plásticas convencionales por otras que cumplan con estándares de degradación certificados.
Las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente están facultadas para aplicar sanciones a quienes incumplan con estas disposiciones. Las autoridades pueden sancionar con multas que van desde 100 hasta 1,000 salarios mínimos del sector público. Así mismo, las infracciones muy graves, como la fabricación o importación de productos no certificados. Y con hasta 3,000 salarios mínimos en el caso de residuos peligrosos.
Objetivo de la Ley de Residuos Sólidos: cambiar hábitos de producción y consumo
Estas medidas forman parte del esfuerzo del Estado por promover un modelo de producción y consumo más sostenible, reducir los residuos desde su origen. Y enfrentar el grave problema ambiental que representan los plásticos no degradables en ríos, playas, vertederos y zonas urbanas.
El Senado aún debe revisar la reforma y decidir si mantiene las modificaciones que introdujeron los diputados, antes de que el Poder Ejecutivo la promulgue.
