Santo Domingo. – El director de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Héctor Alies, aclaró en Despierta con CDN que el Jardín Botánico Nacional no figura formalmente como un área protegida dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), aunque su valor ecológico y científico lo convierte en un espacio con régimen jurídico especial.
“El Jardín Botánico no entra expresamente dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), aunque tenga fines de protección de la biodiversidad que se concentre en él”, explicó Alies.
Durante su intervención, el jurista explicó que, aunque el Jardín Botánico tiene fines de conservación de biodiversidad, no goza del «blindaje» constitucional que otorgan las áreas patrimoniales de la nación, según el artículo 16 de la Carta Magna.
“El hecho de que no esté en el SINAP le resta esa superprotección que sí genera el artículo 16 de la Constitución, que exige una ley con las dos terceras partes del Congreso para modificar sus límites”, señaló.
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Botánico tiene régimen de dominio público
Alies subrayó que, aun sin ser parte del SINAP, el Jardín Botánico cuenta con un régimen de dominio público. Y que esto lo hace inembargable, inalienable e imprescriptible.
“El dominio público como régimen jurídico hace que las propiedades públicas adscritas a este régimen sean inalienables, inembargables e imprescriptibles”, indicó.
En ese sentido, su afectación solo podría hacerse mediante un acto administrativo o ley que redefina sus linderos. Esto, siempre dentro del marco de protección ambiental y los principios de no regresión y proporcionalidad establecidas en la Constitución y la Ley 64-00.
“No importa que algo no sea área protegida para protegerlo”, enfatizó. “Los compromisos internacionales y nacionales están ahí. Tenemos que cumplir y hacer valer la Ley 64-00”.
El especialista advirtió sobre la necesidad de proteger este tipo de zonas verdes. En el entendido de que son vitales en ciudades como Santo Domingo, donde la expansión urbana tiende a reducir el acceso a espacios públicos naturales.
“La protección al medio ambiente y los derechos colectivos están garantizados en la Constitución. No podemos permitir que las zonas verdes sigan reduciéndose”, concluyó.