Santo Domingo. – A cinco años de su promulgación, la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos fue modificada por la Cámara de Diputados, que aprobó el pasado miércoles en segunda lectura una versión revisada con cambios estructurales para mejorar la recolección, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos en República Dominicana.
El proyecto será devuelto al Senado, que ya había aprobado una versión anterior en enero de 2025. Ahora, los senadores deberán revisar y validar las nuevas modificaciones para su eventual promulgación.
Entre las modificaciones, está el artículo 154 para que los foam se biodegraden en un 20 % del primer año y el 90 % en cinco años. El proceso de autodestrucción deberá comprobarse en un laboratorio y mediante auditorías anuales.
Además, los fabricantes deben contar con un certificado y cumplir con las normas internacionales sobre esos fines.
El mismo proceso debe cumplir las importadoras de plásticos. Para eso, la Dirección General de Aduanas (DGA) será responsable del control de las certificaciones al momento de la importación de los productos.
Además, la ley establece que solo se permitirá un vertedero por provincia y, en cuanto a las procesadoras, solo habrá una por cada 10 regiones ubicadas en un radio de 70 kilómetros, salvo la región Ozama, que es la más poblada.
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Asimismo, la normativa obligará a los fabricantes de cemento a incorporar el reciclaje, con el uso de combustibles derivados de residuos sólidos nacionales como combustible alternativo en sus calderas.
Las cuotas: muchas para unos, pero pocos para la magnitud de problemas
Los diputados bajaron el monto de las contribuciones para el manejo de los residuos que establecieron los senadores; aun así, hubo quejas: las empresas con ingreso de hasta un millón de pesos pagarán tres mil pesos; los que ganen hasta 10 millones pagarán 6,000 pesos.
También, las que reporten hasta 25 millones pagarán una cuota de 20,000 pesos. Las que ganen hasta 100 millones pagarán 675,000. Esa última cifra por debajo a los dos millones de pesos fue que fijaron en el Senado.
Los aportes serán deducidos de las rentas brutas e indexadas anualmente mediante el índice de precios al consumidor (IPC) del Banco Central.
Fondo para gestión de residuos financiará cierre de vertederos y nuevas infraestructuras
Además, se modifica el artículo 38 para que, entre los objetivos de la Gestión Integral de Residuos Sólidos, esté operar el fondo de la «gestión integral de residuos sólidos, a la operación de estaciones de transferencia, cierre de vertederos a cielo abierto, rellenos sanitarios, proyectos integrados y transporte de transferencia en virtud de lo establecido en la presente ley».
El Ministerio de Medio Ambiente está facultado para establecer sanciones administrativas a los incumplidores.
En el caso de infracciones muy graves, las multas van de 100 hasta 1,000 salarios mínimos del sector público, excepto en residuos sólidos peligrosos, que será de mil a unos a tres mil salarios mínimos y trabajo comunitario de dos a 30 días.
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La reforma ha provocado reacciones encontradas. La Federación Dominicana de Distritos Municipales (Fedodim) y la Liga Municipal Dominicana (LMD) celebraron la aprobación del proyecto. Pedro Richardson (Fedodim) aseguró que se trata de un paso clave para eliminar los vertederos a cielo abierto, mientras que Víctor D’Aza (LMD) valoró la creación de una contribución de RD$20 por habitante, a aplicarse desde 2026, para fortalecer los recursos de los gobiernos locales.
Por el contrario, la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) criticó la iniciativa. Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo del gremio, sostuvo que las tarifas carecen de sustento técnico y calificó los aportes como “desproporcionados”. También reprochó que no se aprovecharan recursos públicos existentes, como los del fideicomiso ECO5RD.
“Todavía hay tiempo para mejorar el proyecto y garantizar una ley justa, sostenible y competitiva”, sostuvo Pujols, quien instó al Senado a mantener un diálogo abierto y técnico.
Ahora, el futuro del proyecto dependerá del nuevo análisis que hará el Senado en los próximos días.
