El abogado Alberto Fiallo se une a Declasificado con Addis Burgos, y establece que los contratos estructurados por la empresa ProCrédito lucen con intención deliberada de engañar. Defiende que el consentimiento nunca fue real. Esto se conoce en la ley como dolo.
Fiallo agrega, luego de su análisis, que el documento no cumple con las formalidades de un pagaré notarial y más bien pudiese servir como un reconocimiento de deuda. Plantea el escenario de trabajo pagado y no realizado en algunos de los casos, siendo que los cobros compulsivos se realizan por un supuesto servicio de limpiar el crédito que no se realizó, un delito que la ley condena hasta con dos años de prisión.
