Santo Domingo, RD.- La Cámara de Comercio calificó la modificación a la Ley de Residuos Sólidos como «una estocada de acero al corazón» de los pequeños negocios. Esto al considerar que elimina la proporcionalidad en el cobro y equipara montos entre empresas de ingresos muy distintos.
Según la organización, la reforma establece que una empresa con ingresos de 100 millones de pesos pagará 400 mil pesos, el mismo monto que otra con 300 millones de pesos, lo que, según la Cámara, elimina equidad entre pequeños y grandes contribuyentes.
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«No nos oponemos a la ley, es una necesidad y debe ser aprobada», dijo Ángel Emilio Ramírez Pineda,presidente de la Cámara de Comercio de Azua, sin embargo, aclaró que la objeción es a «la manera en que fue modificada» y pidió que se proporcionalice el cobro.
Afirmó que la modificación produjo un incremento del 254% en el monto que pagaban las medianas empresas, y que se han fijado rangos desproporcionados que afectan especialmente a los más pequeños.
Sostienen que, de implementarse tal como está planteada, la medida sería «como colocar otra piedra sobre la espalda» de quienes luchan por mantener sus negocios abiertos, pues muchos comercios con ingresos de 100 millones tienen márgenes de ganancia reducidos.
Explican que el pago se calcula en función de la categoría, tamaño de la empresa y los ingresos, y que ellos han propuesto que el porcentaje aplicable sea de 0.08.
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Preocupación por el destino de los fondos
Asimismo, reconoció que el propósito de cobrar el impuesto es garantizar el tratamiento, reciclaje y destino final de los desechos sólidos, pero advierte que el dinero carece de un reglamento de aplicación establecido.
Añaden que el Gobierno estaría usando los fondos recaudados por el impuesto de residuos sólidos de la ley de 2020 de forma diferente a lo previsto, asignándolos a los ayuntamientos y no exclusivamente a vertederos, plantas de tratamiento y otras infraestructuras necesarias.
La crítica finaliza reclamando mayor proporcionalidad en la escala de cobro y claridad en el uso de los recursos, para evitar una carga desmedida sobre las empresas más vulnerables.
