Ante las críticas de sectores comerciales de desproporcionalidad en la promulgación de la Ley de Residuos Sólidos, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) aseguró que en su momento advirtió sobre posibles riesgos a la libre competencia.
La directora de Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, María Elena Vásquez Taveras, manifestó que la entidad evaluó los riesgos que implicaba la modificación a la Ley de Residuos Sólidos. Para ello, remitió un informe técnico al Congreso, lo que según sus palabras fue determinante para que el Poder Ejecutivo realizara observaciones al proyecto.
“Y efectivamente, gracias a eso, pues se evitó que se creará monopolios regionales en favor de particulares gracias a precisamente a este informe de abogacía en el cual ProCompetencia advertía sobre los riesgos a la competencia que representaba ese proyecto de ley”, explicó María Elena Vásquez Taveras, directora de ProCompetencia.
Finjus considera apropiado tomar en cuenta inquietudes de sectores sobre la ley
De su lado, el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, consideró apropiado tomar en cuenta las inquietudes de todos los sectores.
“Bueno, esa es una ley que todavía no se ha comenzado a implementar y valdría la pena escuchar a esos sectores que están reclamando y que algunos alegan que la ley crea monopolios, que la ley discrimina, que es desproporcionada y eso valdría la pena evaluar porque yo creo que estamos a tiempo”, dijo Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus.
En cuanto a la nueva Ley 47-25 de Compras y Contrataciones Públicas que entrará en vigencia a partir del próximo 24 de enero, Vásquez destacó que la normativa fortalece la transparencia y establece sanciones severas contra la colusión en los procesos de licitación. Mientras que Castaños Guzmán recordó la misma fue trabajada durante cinco años con distintas instituciones del Estado y representa una transformación profunda del sistema de compras públicas.
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“Esto viene a poner reglas que son más estrictas y a la inevitable que es el caso, se le da la bienvenida, salvémosle la bienvenida a esta nueva ley y esperamos que en el marco de esta nueva ley y esperamos que, en el marco de esa nueva legislación, la Dirección de Compras y Contrataciones cumpla su rol también”, indicó Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus.
“Esto refuerza la labor que viene haciendo ProCompetencia para garantizar que los procesos de compras y contrataciones públicas respeten el mandato constitucional de libre y leal competencia”, señaló María Elena Vásquez Taveras, directora de ProCompetencia.
El vicepresidente ejecutivo de Finjus, aseguró que el cumplimiento de la nueva ley 47-25, ayudaría a la libre competencia y que más empresas resulten beneficiadas en los procesos. Además, dijo que esta le da mayores garras a la Ley 340-06.
Sobre ProCompetencia
En el año 2008, es aprobada la Ley General de Defensa de la Competencia. Mientras que el 29 de junio de 2011 realizan la conformación del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia).
El 24 de enero del 2012, el Consejo Directivo dio a conocer los primeros pasos dados hacia la habilitación de la entidad.
Mediante el Decreto No. 5-17 del Poder Ejecutivo designan a la directora ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. En consecuencia, la Ley No. 42-08 entró en plena vigencia. Después de un proceso de 20 años comienza el pleno ejercicio de la entidad.
Comerciantes de Espaillat anuncian posible paro nacional por rechazo a la Ley de Residuos Sólidos
La Federación Dominicana de Comerciantes advirtió que a partir del mes de marzo realizarán paros laborales a nivel nacional. Esto en reclamo de la modificación de la Ley de Residuos Sólidos, el Código Laboral, entre otras demandas.
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Los comerciantes, organizados en distintas asociaciones a nivel nacional, aseguran estar dispuestos a hacer lo que sea necesario. Esto para que sus demandas no sean más ignoradas por el Congreso Nacional y el Tribunal Constitucional.
Por eso anunciaron su primer paro a nivel nacional. Con dicha acción, paralizan las labores de casi un millón de empleados contratados por sus empresas.
Recordaron a las autoridades que son los principales empleadores de todo el país y los que más impuestos pagan de todo el tejido empresarial.
Por eso demandan, también, que desde Impuestos Internos se fiscalicen mejor a los empresarios asiáticos.
Los comerciantes calificaron como un abuso que deban pagar la recogida de basura a los ayuntamientos. Entienden que esto les genera doble gasto con la Ley de Residuos Sólidos que ya fue promulgada por el Poder Ejecutivo.