El experto en prevención de lavado de activos, Emerson Díaz Cabral, advirtió que la política dominicana continúa siendo uno de los espacios más vulnerables a la infiltración del dinero ilícito, debido al alto volumen de efectivo que se maneja en actividades proselitistas y a la ausencia de controles estrictos sobre las fuentes de financiamiento.
Díaz Cabral explicó que, por su naturaleza operativa, la campaña electoral requiere grandes desembolsos inmediatos para logística. Asimismo, transporte, alimentación, producción de eventos, propaganda y movilización de personas. Elementos que, en la mayoría de los casos, se pagan en efectivo. “La política se mueve en efectivo. Es la forma tradicional en que funcionan las campañas en nuestro país. Y mientras ese sea el modelo, se abre la puerta para que recursos de origen ilícito se filtren sin obstáculos”, señaló.
Durante una entrevista en el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes, que se transmite de lunes a viernes por CDN, canal 37, a las 10:00 de la noche, el especialista sostuvo que el marco legal actual presenta un vacío significativo. Explico que los partidos políticos no son sujetos obligados bajo la Ley 155-17 contra el lavado de activos, lo que significa que no están obligados a verificar el origen del dinero que reciben ni a reportar operaciones sospechosas.
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“Si un partido identifica una donación dudosa, no tiene a quién reportarla. No existe un canal formal. Ese es el principal problema”, advirtió.
Ante este escenario, Díaz Cabral propuso la creación de una unidad antilavado dentro de la Junta Central Electoral (JCE), encargada de supervisar, depurar y registrar todos los aportes económicos, así como fiscalizar la transparencia financiera de las organizaciones políticas.
Supervisión financiera directa
La entidad, según explicó, funcionaría como un híbrido entre la JCE y organismos especializados, con capacidad para recibir reportes. También exigir documentación, emitir alertas y garantizar un control efectivo sobre los recursos que ingresan a la política.
El experto señaló que países de la región ya avanzan hacia modelos similares. Mismos, en los que los donantes resultan verificados y los partidos deben justificar el origen de sus fondos. “Sin controles, es muy fácil que el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando o cualquier otra actividad delictiva se infiltren en un proyecto político. Y ya hemos visto los resultados”, afirmó.
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Díaz Cabral insistió en que, aunque la infiltración del crimen organizado no depende de una sola organización política, es responsabilidad del Estado cerrar los espacios que permiten que personas vinculadas a delitos precedentes utilicen las campañas electorales como plataforma de legitimación social y económica.
“Si queremos procesos democráticos limpios, debemos asumir que la política también necesita controles financieros formales. Y la JCE es la institución llamada a ejercer esa supervisión”, sostuvo.