¿Para qué servirá el nuevo Ministerio de Justicia?

En sus primeras declaraciones como nuevo ministro de Justicia, Antoliano Peralta explicó que la creación de esta institución responde a la necesidad constitucional de separar de manera clara las funciones del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en la República Dominicana.

Peralta se juramentó este martes ante el presidente Luis Abinader, en un acto celebrado en el Palacio Nacional, en el que también se designó a Jorge Subero Isa como consultor jurídico del Poder Ejecutivo. El nuevo ministro ocupó durante más de cinco años la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo.

Separación de poderes y nuevas competencias

El funcionario explicó que, antes de la creación del Ministerio de Justicia, el Poder Ejecutivo mantenía vínculos con tareas propias del sistema judicial, una situación que no se ajustaba al principio de separación de poderes establecido en la Constitución dominicana.

“Esta misión es parte de la separación de los poderes, que es un deseo carnelado en la República”, afirmó Peralta, al detallar el fundamento institucional de la nueva entidad.

Sistema penitenciario, derechos humanos y defensa del Estado

Entre las funciones más relevantes, Peralta indicó que el sistema penitenciario nacional pasará a coordinación y supervisión del Ministerio de Justicia, una responsabilidad que hasta ahora estaba, de manera irregular, bajo el Ministerio Público.

Además, la nueva institución asumirá la coordinación del sistema de derechos humanos y el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales del Estado dominicano en esta materia. Otro eje central será la defensa jurídica del Estado, ante lo que el ministro calificó como un historial de demandas que han afectado gravemente al erario por la falta de una defensoría organizada.

Peralta explicó que esta labor se articulará a través de la Oficina de Defensa de la Administración Pública y adelantó que, más adelante, se anunciarán otras responsabilidades adicionales del Ministerio de Justicia. La ley que crea la institución se promulgó el 7 de agosto de 2025 y establece un plazo máximo de 12 meses para su entrada en funcionamiento.