La nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional, que cursa en el Congreso Nacional, plantea una transformación estructural de la institución al eliminar figuras como los generales «sin funciones», los denominados «especialismos» salariales y trasladar la Dirección de Asuntos Internos al Ministerio de Interior y Policía.
Durante una entrevista especial de elCaribe-CDN, el comisionado para la Reforma Policial, Luis Ernesto García Hernández, explicó que la iniciativa busca corregir distorsiones acumuladas durante décadas y consolidar un modelo de gestión basado en la meritocracia, el control civil y la transparencia.
El plan estratégico proyecta una fuerza policial de 52,000 agentes para 2028, de los cuales ya han sido incorporados unos 11,000.
Senado mantiene la esencia de la reforma
García Hernández, general retirado de la Policía de Colombia, aseguró que las modificaciones introducidas por el Senado no alteran el objetivo principal de la reforma.
Entre los cambios destacó la reconfiguración del Consejo Superior de la Policía Nacional, que pasará a tener una mayoría de representación civil.
«El equilibrio de poder interno cambia de manera radical. De una mayoría netamente policial, el consejo pasa a ser un órgano colegiado de ocho integrantes donde el poder civil tiene el control decisivo», afirmó.
Explicó que el Ministerio de Interior y Policía tendrá voto preferente, acompañado por representantes del Ministerio de Justicia y la Procuraduría General de la República, frente a tres generales activos.
Desaparecen los generales «sin funciones»
Uno de los cambios más significativos será la eliminación de la figura de los generales «sin funciones».
Actualmente existen más de 50 generales activos, muchos de ellos sin ocupar cargos operativos, permaneciendo en nómina pese a no desempeñar responsabilidades específicas.
La nueva legislación fija un límite de 20 generales para toda la institución y establece el retiro obligatorio para aquellos oficiales que no superen las evaluaciones de integridad, trayectoria o no sean promovidos dentro de los plazos establecidos.
Según García Hernández, esta medida busca eliminar prácticas mediante las cuales algunos oficiales permanecían durante años sin funciones activas.
Eliminan los «especialismos»
La reforma también suprime los llamados especialismos, incentivos económicos adicionales que oscilaban entre RD$4,000 y RD$200,000, otorgados según funciones específicas.
De acuerdo con el comisionado, estas compensaciones generaban distorsiones salariales que incluso permitían que oficiales subalternos percibieran mayores ingresos que sus superiores.
«A partir de ahora, todo el salario se unifica en una escala fija por rango y pasa a ser totalmente cotizable», indicó.
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Asuntos Internos sale de la Policía
Otro de los cambios consiste en que la Dirección de Asuntos Internos dejará de depender de la Policía Nacional y pasará a estar bajo la supervisión directa del Ministerio de Interior y Policía.
Mientras tanto, la Inspectoría General conservará la función investigativa, pero ya no decidirá las sanciones disciplinarias.
Esa responsabilidad recaerá sobre la nueva Subdirección General de Transformación y Derechos Humanos, con la participación obligatoria de un fiscal especializado durante las investigaciones.
Según García Hernández, esta modificación responde a que un alto porcentaje de policías destituidos lograban posteriormente resultar restituidos mediante decisiones judiciales debido a fallas en los procesos disciplinarios.
Más patrulleros en las calles
El diagnóstico realizado al inicio de la reforma determinó que apenas el 12 % de los policías realizaba labores preventivas de patrullaje, mientras el resto ocupaba funciones administrativas.
Actualmente, esa proporción ha aumentado hasta 31 %, según el comisionado, mediante un proceso de redistribución del personal.
Además, la nueva ley establece que todos los egresados de la academia deberán iniciar su carrera como patrulleros antes de acceder a otras áreas especializadas.
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Tecnología para fortalecer el servicio
La reforma contempla la incorporación de 10,000 cámaras corporales (bodycams), con una meta de alcanzar 25,000 dispositivos, así como nuevos sistemas de radiocomunicación interoperables con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
También incluye la adquisición de motocicletas, camionetas, cinturones multipropósito y dispositivos de energía controlada (Tasers), con el propósito de mejorar la capacidad operativa y regular el uso proporcional de la fuerza por parte de los agentes.
Por Erick Montilla
