Santo Domingo.– El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, afirmó que el caso relacionado con el Seguro Nacional de Salud (Senasa) debe convertirse en un punto de inflexión para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el Estado dominicano, al tratarse de la salud como un derecho fundamental.
Ulloa sostuvo que la situación obliga a reflexionar no solo sobre las responsabilidades individuales, sino sobre la eficacia de los mecanismos de control establecidos en la Constitución y las leyes, así como el rol de las instituciones llamadas a garantizar auditorías permanentes y seguimiento a la gestión de los recursos públicos.
“El caso Senasa nos lleva a preguntarnos qué estamos promoviendo como transparencia, cuáles son los indicadores que estamos usando y cuál es la acción real de los órganos de control”, expresó el Defensor del Pueblo, durante una entrevista en Despierta con CDN.
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Enfoque punitivo en caso Senasa
También destacó la importancia de contar con informes continuos y sistemáticos de entidades fiscalizadoras, como la Cámara de Cuentas.
El funcionario consideró que el debate debe trascender el enfoque punitivo y abrir paso a una evaluación estructural del sistema. La misma orientada a resultados y sostenibilidad institucional. En ese sentido, advirtió que el país ha demostrado tener recursos suficientes, pero enfrenta debilidades históricas en la administración y gestión de los fondos públicos.
Ulloa recordó que la Estrategia Nacional de Desarrollo establece lineamientos claros e indicadores para mejorar la eficiencia del Estado. Además, llamó a revisar el uso efectivo de esta herramienta como base para las reformas que demanda la ciudadanía.
“El desafío va más allá de hablar de sanciones. Se trata de garantizar el debido proceso, pero también de construir instituciones sólidas que no dependan de nombres o apellidos, sino de reglas claras y resultados medibles”, subrayó.
Finalmente, el Defensor del Pueblo insistió en que el caso Senasa representa una oportunidad para reforzar la confianza ciudadana, promover una cultura de transparencia. También asegurar que la gestión pública responda al interés colectivo y al futuro de las próximas generaciones.
