Despierta con CDN

Constitucionalista advierte graves riesgos en el nuevo Código Penal por falta de debate y prisa legislativa

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La abogada y constitucionalista Patricia Santana durante su participación en una entrevista en el programa Despierta con CDN Foto: Danny Polanco

Santo Domingo, RD.- La abogada y constitucionalista Patricia Santana advirtió durante una entrevista en el programa Despierta con CDN que el nuevo Código Penal dominicano representa un peligro para diversas garantías fundamentales debido a la forma apresurada en que se aprobó.

Según la experta, el texto final promulgado difiere de las versiones que circularon inicialmente, habiéndose introducido modificaciones sustanciales a última hora sin el debido proceso de deliberación pública.

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En el marco del espacio informativo, Santana enfatizó que la falta de vistas públicas sobre las propuestas finales ha generado un desconocimiento generalizado en la sociedad sobre el impacto real de la pieza.

La constitucionalista subrayó que este hermetismo legislativo, sumado a la celeridad con la que se actuó, compromete la legitimidad de una norma de carácter punitivo que afectará directamente la vida cotidiana y el ejercicio profesional de los ciudadanos.

Para la defensora de derechos humanos, la entrada en vigencia de este Código Penal requiere una revisión profunda que no debe hacerse bajo la misma premisa de urgencia que marcó su aprobación.

Santana hizo un llamado a las autoridades para priorizar la calidad y el consenso sobre la velocidad, advirtiendo que, tal como está diseñado, el código impone retos significativos que podrían traducirse en retrocesos jurídicos y sociales importantes.

Impacto en la libertad de expresión y gremios profesionales

Santana desglosó los bloques de mayor preocupación, señalando que delitos como el «ultraje» y las restricciones al uso de imágenes sin consentimiento ponen en riesgo el ejercicio del periodismo de investigación y la libertad de expresión ciudadana.

Asimismo, la experta destacó las alarmas en el sector salud, donde los médicos enfrentan responsabilidades penales severas por la emisión de certificados de salud.

«La práctica de aprender a las personas y privarla de su libertad… es un análisis que hay que hacer profundo y que hay que diferenciar entre cuando se está haciendo un trabajo periodístico y cuando realmente se está procurando un daño», puntualizó Santana respecto a la necesidad de mayor claridad en las interpretaciones judiciales.

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