El programa Reporte Especial con Julissa Céspedes reveló el audio en exclusiva en la continuación de la investigación de las expropiaciones investigadas del caso Calamar.
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Santo Domingo, R.D.-El abogado apoderado por la Familia Mota para cobrar las cuestionadas expropiaciones de terrenos, que mantienen presos a los ex ministros José Ramón Peralta y Donald Guerrero, habría pagado a jueces, fiscales, Hacienda y Bienes Nacionales para cobrar las millonarias sumas.
La afirmación es posible por el acceso a una conversación que sostuvo el abogado de la Familia Mota, Juan Tomás Polanco, con algunos de los herederos que quedaron fuera del convenio con el Estado. En el mismo se establece que para conseguir ese contrato hubo que repartir dinero. Audio revelado en el programa Reporte Especial con Julissa Céspedes.
“Esas negociaciones para uno cobrar, uno tiene que pasar todos los grados hasta tener una sentencia definitiva. Después hay que someterla, ha presupuesto, después que Hacienda lo analice, Bienes Nacionales da el visto bueno. Eso lleva un número de burocracia” revela la grabación del abogado Juan Tomás Polanco, apoderado de la Familia Mota.
Prosigue que “entonces para nosotros poder conseguir el pago sin tener que hacer todo ese procedimiento, porque el gobierno está realmente en política y necesita, necesitaba algo. Nosotros le dimos un porciento al gobierno”.
La grabación sigue: Ahí se le dio al Procurador de la República, al Tribunal, a Bienes Nacionales, y a Hacienda para poder lograr esos pagos”.
Distribución del dinero cobrado por las expropiaciones
A raíz de las investigaciones sobre los supuestos pagos irregulares de decenas de expropiaciones por parte del Ministerio de Hacienda, el Ministerio Público abrió una investigación. Esta dio como resultado 40 allanamientos y 20 apresamientos. Todos involucrados en un supuesto entramado de corrupción al que las autoridades han denominado operación Calamar.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (PEPCA) detalla en la solicitud de medida de coerción contra los 20 imputados, como el dinero presuntamente se distribuyó en estructura criminal. Esto conforme a las declaraciones Fernando Crisóstomo Herrera, imputado y representante de las empresas que recibió cesiones de créditos:.
Poco más de 164 millones 375 mil fueron a parar a Oficial, este condinome se refiere a Gonzalo Castillo y Jose Ramón Peralta; de su lado, los condinomes, MM, JA, FC, que pertenecen a Mimilo Jiménez, José Arturo Ureña. Y Fernando Crisóstomo de manera respectiva, esto recibieron cada uno el 4% lo representa más de 65 millones 750 mil pesos.
Indica documento acusatorio del PEPCA
Asimismo, precisa que “el 8%, es decir, 43 millones 833 mil fueron recibidos, según el Ministerio Público por MX, que era el condinome utilizado para referirse al Ministro Donald Guerrero. Además, el fallecido funcionario, Emilio Rivas, identificado como ER recibió más de 27 millones 395 mil pesos. Por último está el OC, que se refiere a Daniel Omar Caamaño, excontralor que habría un poco más de 10 millones 958 mil pesos”.
Papel de imputados en caso Calamar, según el Ministerio Público
Angel Donald Guerrero
Exministro de Hacienda. Ideó y creó un plan criminal para extraer fondos del Estado en su provecho personal, y para el financiamiento de las elecciones internas. Él junto José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, se coalicionaron para distraer del Estado, a través del Ministerio de Hacienda más de 704 millones de pesos. realizando volumetrías falsas. Todo esto como parte del documento acusatorio del caso Calamar.
Asimismo, para desarrollar su entramado de corrupción promovió, a través Mimilo Jiménez, José Arturo Ureña y Fernando Crisóstomo Herrera, el soborno a distintos funcionarios. Y extorsionó a empresarios.
Luis Miguel Piccirillo Mccabe
Exdirector del CEA. Desde su posición, se coalicionó junto a Donald Guerrero Ortiz, Claudio Silver y demás imputados, para realizar de manera de fraudulenta la compra de terrenos a través de la institución que dirigía. Realizando diversas maniobras, que conllevó a alterar la naturaleza del CEA.
Recibió casi 59 millones de pesos en sobornos de parte de la estructura de corrupción por la realización de dichos actos ilícitos. Con el producto del pago de dicho soborno adquirió bienes inmuebles.
Claudio Silver Peña
Exdirector de Catastro. Realizó actos de corrupción el ejercicio de sus funciones. Actuando en asociación de malhechores y coalición de funcionarios, prevaricó, estafó, desfalcó, recibiendo más de 60 millones en sobornos.
Conforme el PEPCA, alteró el procedimiento para la realización de las tasaciones públicas en beneficio del entramado. Posteriormente, adquirió, poseyó y ocultó bienes muebles e inmuebles, con el dinero proveniente de dichos actos de corrupción.
Daniel Caamaño Santana, Excontralor, de acuerdo con el documento prevaricó y realizó actos dolosos continuos e incompatibles con sus funciones. Utilizó la autorización de pagos basados en cesiones de créditos, y se coalicionó con los funcionarios imputados.
Recibió más de 187 millones de pesos como pagos de sobornos resultados de autorizaciones irregulares de libramientos sin cumplir las formalidades de la ley. Se enriqueció de manera injustificada utilizando prestanombres para recibir beneficios económicos de terceros, fruto de las operaciones delictuales que autorizó.
Para poder recibir los pagos indebidos, la estructura de corrupción utilizó como intermediario al asistente del despacho del excontralor, Ramón Aquilino Pérez Rojas. Este, recibió dinero en efectivo entregado por Efraín Santiago Báez Fajardo, por instrucciones directas de Fernando Crisóstomo Herrera.
Andrés Guerrero
Excontralor del Banco de Reservas., el documento establece que violentó todas las reglamentaciones. Y en su condición de sujeto obligado para utilizar el Banco de Reservas como una especie de “dispensador de efectivo’’ de la estructura, dispuso y facilitó que gran parte del dinero distraído de manera fraudulenta fuera entregado, en efectivo, en Mimilo Jiménez Collie. En una operación típica de lavado de activos provenientes de actos de corrupción, en donde él en calidad de contralor estaba precisamente llamado a evitarlo, lo que hace este hecho más grave aún.
Óscar Arturo Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández Figueroa, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar. Participaron de forma activa en “El Programa o El Proyecto”. Este consistía en el cobro ilegal de una mensualidad en las bancas de lotería, bancas deportivas y los colmados que tenían máquinas tragamonedas. Todo en coordinación con alta gerencia del Ministerio de Hacienda, encabezada por Donald Guerrero Ortiz. Recibió por su participación aproximadamente 2 millones de pesos mensualmente.
Ángel Lockward Mella
Según la solicitud de medida de coerción, el abogado se asoció con Alejandro Constanzo, Antonio Mercedes, Pedro María Veras, Fernando Crisóstomo y Álvaro Jiménez Crisóstomo, quienes, junto a Donald Guerrero y Claudio Silver, así como con otros funcionarios públicos realizaron de manera fraudulenta procesos de compra y pago de terrenos expropiados a través de Bienes Nacionales, el CEA. Con dichos actos ilícitos desfalcaron y estafaron al Estado dominicano.
Para la comisión de estos actos ilícitos utilizaron prestanombres y testaferros para recibir el dinero productos de estos. Entre ellos Joar Emil Ortiz Hernández, Ángel Gilberto Lockward Cruz y Ángel George Lockward Cruz. Estos últimos son hijos del imputado Ángel Lockward. Así como su oficina de abogados Ángel Lockward & Asociados y el imputado Agustín Mejía Ávila. Lockward Mella colocó bienes en el mercado financiero, productos de los actos ilícitos, a través de certificados financieros de cientos de millones de pesos, comprometiendo su responsabilidad penal. Y la de su firma de abogados Ángel Lockward & asociados.
Además de funcionarios, empresarios y abogados, en el caso Calamar figura “supuestos sucesores” que dice el Ministerio Público de estos:
Marcial Reyes
Supuesto sucesor de Generosa Reyes, según el documento se asoció con la estructura de corrupción para estafar al Estado dominicano reclamando el pago de una porción de los terrenos expropiados en donde se encuentra el Aeropuerto Internacional Las Américas. Alegó la representación de personas fallecidas, falsificando y haciendo uso de documentos falsos, para ceder en su nombre. Esto, sin tener calidad ni poder de representación, sumas millonarias del dinero público a favor de la estructura criminal utilizada por Donald Guerrero Ortiz, para adueñarse de parte del dinero que desde el Ministerio de Hacienda era pagado por concepto de expropiación.
Ana Linda Fernández De Paola, supuesta sucesora de Alexandro de Paola. Actuando en asociación de malhechores con Emir Fernández De Paola, aparentaron ser herederos legítimos de un finado, falsificando documentaciones públicas y privadas, y usando esa documentación falsa reclamaron y recibieron pagos irregulares del Estado por expropiación de terrenos, estafando al Estado dominicano. Con el dinero obtenido de manera fraudulenta adquirió bienes muebles e inmuebles, incurriendo en lavado de activos.
Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo
En casi todos los casos, de corrupción comúnmente sale a relucir la entidad Banreservas. En este caso se menciona 438 veces, siendo el único imputado hasta la fecha, Andrés Guerrero, el excontrolar de esa banca. ¿Pero para qué se utilizó el banco de los dominicanos?
Uno de los mecanismos utilizados para presuntamente captar dinero para las precampañas y campañas del 2020 del PLD, específicamente para su aspirante a la presidencia Gonzalo Castillo; Jose Ramón Peralta se reunió con unos de los principales constructores del Estado dominicano, el ingeniero Bolívar Ventura, en una cita concertada a través del exdirector de la OISOE, Francisco Pagán, debido a que el Estado le debía al ingeniero, Peralta le dijo que debía hacer un aporte para la campaña y a cambio le pagarían algunas de las deudas que el Estado tenía con él, y que para fines de coordinar los pagos debía ir donde el ministro de Hacienda, Guerrero Ortiz.
Bolívar Ventura indicó que podía dar 200 millones de pesos, tras las insistencias de Donald Guerrero, según establece el Ministerio Público. El ingeniero dijo que entregaría 500 millones de pesos, que finalmente subió a un poco más de 527 millones de pesos. Para lograrlo, consiguieron que el implicado en el caso, Víctor Encarnación Montero, director técnico de la OISOE, realizara volumetrías falsas de obras. Incluso de obras cerradas, realizadas por las empresas de Bolívar Ventura, explica el documento acusatorio.
Conforme el Ministerio Público, Donald Guerrero, José Ramón Peralta Fernández, Gonzalo Castillo, Víctor Encarnación y Daniel Omar de Jesús, cometieron estas acciones distrayendo montos millonarios a través de cubicaciones adulteradas. Las cuales tenían como sustento un reconocimiento de deuda, que el constructor no había solicitado. Y que fueron realizadas sobre una volumetría inexistente. Estas operaciones se realizaron en el año 2019. Pero, de acuerdo con las evidencias, la mayoría de las documentaciones fueron antedatadas con fecha del año 2018. Esto, para poder justificar el pago como deuda pública.
Participación a través del Banco de Reservas
¿Cuándo entra en escena el Banco de Reservas? La PEPCA dice que Donald Guerrero Ortiz y José Ramón Peralta solicitaron decenas de millones de pesos a Bolívar Ventura, pero este les indico que no era posible mover esas cantidades en efectivo, por la ley de lavado de activos. Es ahí que se dispone hacer los contactos con el administrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo. Este funcionario delegó la asistencia en el excontralor del Banreservas, el imputado Andrés Guerrero, lo que el Ministerio Público define como el inicio de la operación de lavado más grande, cometida en el menor tiempo, hasta hoy, en detrimento del patrimonio del Estado dominicano.
El Ministerio Público establece que, para los primeros pagos, Bolívar Ventura utilizó la Agencia de Cambio RM, quien le prestó 100 millones de pesos que se entregaron a Francisco Pagan, de dicho monto el exdirector de la OISOE, le entregó a José Ramón Peralta, en su oficina en el Palacio Nacional 50 millones de pesos en efectivo, y posteriormente entregó la misma cantidad también en efectivo, Donald Guerrero Ortiz, en su despacho del Ministerio de Hacienda.
Tras los pagos en efectivo, Francisco Pagán le informó a Bolívar Ventura que sería contactado para ejecutar las entregas, inmediatamente iba recibiendo los pagos de lo debido por OISOE. Por lo que, Andrés Guerrero, quien en ese momento era el contralor del Banco de Reservas, le envió un mensaje a Bolívar Ventura para coordinar el canje de cheques. Y entrega de dinero en la sucursal del Banco de Reservas, ubicada en la calle José Contreras. Esa sucursal se utilizó por el entramado de corrupción como una especie de caja chica de la estructura.
Donald Guerrero
El documento detalla que, de los más de 427 mil millones de pesos restantes, fueron recibidos a través de quienes dispuso Donald Guerrero, es decir, los Mimilo Jiménez y José Arturo Ureña, quienes hicieron un esquema de distribución en el que participa también Fernando Crisóstomo, el cual a su vez hacía la entrega de efectivo al Víctor Encarnación Montero, quien, se encargaba de adulterar las volumetrías de la OISOE, el Ministerio Público destaca que este esquema operaba con la participación directa de Francisco Pagán, y con el entonces contralor Daniel Caamaño Santana, quien realizaba el trámite de los pagos sin hacer ningún control, a cambio de recibir su porcentaje de los sobornos.
Luego de entregada la suma millonaria, Francisco Pagán, por requerimiento de Donald Guerrero, volvió a solicitarle al ingeniero Bolívar Ventura más recursos económicos, y ante la negativa del mismo, justificado en el hecho de que estaba prácticamente en estado de quiebra, le plantearon que buscarían un formato en el que no lo perjudicaran financieramente, que no se preocupara, y efectivamente se dio continuidad a la modalidad de adulterar las cubicaciones, pero en esta nueva etapa, todos los recursos que se sacaban vía esa modalidad eran para la estructura.
Financiamiento ílitico de campaña
El documento establece que, el plan criminal materializado por los Peralta y Guerrero Ortiz, para beneficiar a la campaña política de Gonzalo Castillo Terrero, utilizó las empresas de Bolívar Ventura. Estas, se beneficiaron con libramientos mediante los cuales se liberaron desde el Ministerio de Hacienda pagos más de 2,185 millones de pesos. Todos reconocidos como deuda administrativa, obligación del Tesoro, de los cuales el ingeniero Ventura entregó a la estructura 1,231 millones de pesos.
Conforme el documento escrito por el PEPCA debido a la necesidad de obtener más fondos, es que se inician según el Ministerio Público los procesos fraudulentos con las expropiaciones.
El documento detalla que la estructura criminal de corrupción utilizaba recurrentemente las sucursales del Banco de Reservas que obedecían los intereses particulares de la organización delictiva, siendo la oficina del banco de Reservas de la torre Churchill, cuyo gerente comercial era Carlos Francisco Báez Batista, y el Centro de Acopio del Banco de Reservas del cual el director de Administración de Efectivos es Francisco Abreu.
El PEPCA detalla que, cada vez que salía un libramiento y los montos estaban disponibles en el Banco de Reservas. En un principio se apersonaba el chofer de Mimilo Jiménez, Juan Tapia Holguín, a la sucursal bancaria referida, a retirar los fondos. Los retiros oscilaban entre 100 y 400 millones, aproximadamente, en un día. Luego, se cambia la modalidad de retiro y, desde el centro de acopio, se enviaban los montos disponibles en un camión blindado hasta el parqueo de la oficina de Jiménez Collie. Esto, usualmente tenía lugar alrededor de la 6:00 de la tarde. Es decir, fuera del horario laboral.
Por: Ángela Ramírez, Reporte Especial JC
