El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, defendió el plan anticrisis aprobado por el Congreso, pero dejó una advertencia que define el alcance real de la Ley 30-26: las medidas ayudan a enfrentar la coyuntura, aunque no resuelven el problema estructural de las finanzas públicas. El ministro de Hacienda y Economía afirmó que el país necesitará más adelante un pacto fiscal de mayor profundidad.
Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, Díaz sostuvo que el Gobierno logró aprobar una propuesta “razonable y posible” en un contexto regional donde varios intentos de reformas tributarias han fracasado. El paquete combina aumentos de carga para grandes contribuyentes con alivios para mipymes, cambios en anticipos, amnistía fiscal y ajustes al régimen tributario.
La Ley 30-26 fue promulgada el jueves 18 de junio y forma parte de la estrategia oficial para recaudar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales, proteger programas sociales, sostener inversión pública y contener las presiones de la crisis internacional.
Qué cambia desde julio y qué deberá esperar hasta 2027
Díaz explicó que los contribuyentes no sentirán todas las medidas al mismo tiempo. La eliminación del impuesto de 1 % para constituir compañías comenzará de inmediato, mientras que algunos cambios tributarios, como los relacionados con bancas deportivas y transacciones financieras, empezarán a aplicarse desde julio.
En enero de 2027 entrarían en vigencia medidas esperadas por empresas y asalariados, como la ampliación del régimen simplificado, la eliminación de anticipos para ciertos contribuyentes y la indexación del mínimo exento del ISR. También habrá desmontes graduales para el impuesto a hipotecas y el gravamen a seguros de vida.
El ministro rechazó la idea de que el paquete cargue sobre la mayoría de los contribuyentes. El Gobierno sostiene que más de 90 % de la recaudación esperada procedería de los segmentos de mayores ingresos, especialmente mediante una sobretasa de ISR empresarial aplicable a compañías con ventas superiores a RD$1,000 millones anuales.
Combustibles, Netflix y el problema que sigue abierto
El ministro reveló que el Gobierno evalúa contratar coberturas financieras para protegerse de los aumentos del petróleo. Aseguró que los subsidios a combustibles superaron RD$20,500 millones durante las semanas más tensas de la crisis internacional y defendió la necesidad de explicar con mayor claridad cómo se calculan los precios locales.
Díaz también aclaró que la Ley 30-26 no crea impuestos a Netflix, Spotify, Google ni otras plataformas de suscripción. La disposición reduce de 27 % a 15 % una retención de ISR aplicable a pagos empresariales al exterior por licencias de software, regalías, publicidad digital y almacenamiento en la nube.
El debate de fondo, sin embargo, sigue pendiente. Díaz reconoció que el país opera con un déficit fiscal estructural y que la discusión futura deberá incluir gasto público, subsidios, calidad institucional, ingresos y sostenibilidad de las finanzas estatales. La Ley 30-26 puede aliviar la coyuntura, pero no sustituye la reforma fiscal integral que República Dominicana ha pospuesto durante años.
