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La operación Calamar desmanteló uno de los mayores entramados de supuesta corrupción, cuya finalidad sería el financiamiento ilícito de la campaña electoral del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
La forma en que candidatos recaudan recursos para financiar sus campañas, además de los obtenidos por ley, ha supuesto un debate histórico debido a que, en muchos casos, parece injustificable.
Una de las medidas de la Junta Central Electoral ha sido la creación de la Dirección Especializada de Control Financiero de Partidos y Agrupaciones Políticas, que en enero de este año solicitó a los partidos su primera rendición sobre gastos de cara al proceso eleccionario venidero.
El órgano comicial además cuenta con otras herramientas que otorgan las leyes de Régimen Electoral y de Partidos Políticos.
Esta última especifica sobre el financiamiento ilícito en su artículo 78 lo siguiente: «En el caso de recibir financiamiento ilegal, los candidatos, partidos, agrupaciones y movimientos políticos y personas físicas o jurídicas responsables serán condenados al pago de una multa del doble de la contribución ilícitamente aceptada, sin perjuicio de las sanciones penales establecidas en otras leyes”, establece la ley en el numeral 4.
Sin embargo, tanto la Junta Central Electoral como sectores sociales y empresariales han expresado la necesidad de endurecer las sanciones por este ilícito, que mantiene a exfuncionarios como el pasado candidato presidencial por el PLD, Gonzalo Castillo, a la puerta de un proceso judicial en su contra.
Otras investigaciones que buscan determinar si dinero de supuesto lavado de activos por asuntos de drogas ha incidido involucran al menos cuatro legisladores, como los encartados en la operación Falcón.
