Ángel Lockward y Asociados, su propietario, y su hijo Ángel George Lockward figuran entre las personas y figuras jurídicas mencionadas en el caso que está en proceso de investigación, estos habrían recibido sumas millonarias por concepto de cesiones de créditos de las expropiaciones y compraventa del Estado que se realizaron en un tiempo récord, el jurista también es señalado por Teófilo Mota como una de las personas que lo habrían envuelto en una red de engaños.
En entrevista exclusiva a Reporte Especial con Julissa Céspedes, el abogado Ángel Lockward, defendió su participación en este entramado, antes llamado caso Donald Guerrero y ahora denominado Operación Calamar, que según las autoridades conlleva un fraude de más de 19 mil millones de pesos.
Una de las preguntas que no podía faltar es el tema de la falsificación de documentos que presuntamente se dieron en los procesos de expropiación, tras preguntarle esto a Ángel Lockward esta fue su respuesta.
“Yo no lo sé. Porque cuando tú tienes una propiedad que ha sido declarada de utilidad pública, está ocupada por el Estado y ha sido justiprecio o tasada por la Dirección General de Catastro. Tú estás obligado a pagar. Hay un procedimiento para pagar. Yo no he notado una sola violación al procedimiento administrativo de pago y se completaba con el envío al registro de títulos para el traspaso de los títulos al Estado. En consecuencia, yo no advierto, salvo en un caso. Yo no advierto que haya ninguna irregularidad y no veo ninguna falsificación en los casos que he visto”, puntualizó.
Otra de las razones por la que el jurista asegura que el informe realizado por la Unidad Antifraude de la Contraloría, es nulo, es debido a que no se consultó a las partes, agrega además que en principio tal vez el PEPCA desconocía que el documento era un borrador, pero que en la actualidad ya lo saben, y que el 27 de enero en la audiencia en demanda de nulidad se aplazó a petición de órgano persecutor quien dijo que no tenía su escrito de defensa, pero Lockward asegura que sí.
Locward señala que en el escrito de defensa el PEPCA señala que se habrían sustraído del erario público más de 19 mil millones de pesos, asegurando que este número está inflado.
Lockward asegura que la comisión más alta que se les paga a los gestores es de un 30 a un 35%.
