Ambientalistas alertan sobre amenazas a áreas protegidas y exigen rechazo a sentencia del TSA

Ambientalistas llamaron a la sociedad dominicana a mantenerse atenta a la sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que busca modificar los límites del Parque Nacional Jaragua. También alertaron sobre otros temas medioambientales que afectan áreas protegidas bajo la mira de sectores empresariales.

Los especialistas sostienen que la sentencia carece de validez jurídica. Afirman que el tribunal que la emitió no tiene competencia sobre esa demarcación. En ese contexto, los debates sobre la Cordillera Septentrional, el Parque Nacional Jaragua y la Loma de Romero, en San Juan de la Maguana, mantienen presencia en la opinión pública.

Cuestionan competencia del TSA y legalidad de la sentencia

Domingo Contreras explicó que la decisión del TSA no constituye una disposición definitiva. Indicó que puede ser recurrida ante la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional. Señaló que los jueces deben respetar las normas vigentes. También cuestionó que el tribunal emitiera la sentencia a finales de diciembre, en condiciones que consideró irregulares.

Luis Carvajal afirmó que el caso del Parque Nacional Jaragua “se va a caer”. Indicó que la sentencia resulta inconstitucional y contradice la Ley 64-00 de Medio Ambiente. Agregó que la decisión reconoce pretensiones ya rechazadas por los tribunales. Además, ordena excluir áreas que no delimita ni define.

Presión minera y riesgos ambientales

Los ambientalistas señalaron que la población tiene conciencia sobre la importancia de proteger la Cordillera Septentrional. Indicaron que la ciudadanía conoce el impacto de la explotación minera en esa zona. Explicaron que la economía dominicana depende del cuidado de sus activos ambientales, como las costas, manglares, corales y cordilleras que protegen las fuentes de agua.

Contreras advirtió sobre la presión minera en Loma de Romero y en la Cordillera Septentrional. Señaló inconsistencias en las políticas públicas sobre conservación del agua. Explicó que, aunque el Estado reconoce el agua como prioridad, impulsa proyectos mineros como Romero, de GoldQuest; Ollazo y Cobre Ollazo II, de una empresa mexicana; y la concesión Lluvia de Oro. Indicó que estas concesiones se ubican en zonas de alta fragilidad sísmica y cerca de monumentos naturales.

Los especialistas afirmaron que el alza del precio del oro convierte estas áreas en objetivos constantes de las empresas mineras. Coincidieron en que la tierra representa el activo más valioso del país y advirtieron que no debe ser explotada de manera deliberada.