Santo Domingo. – La operación Calamar destapó una presunta trama criminal para desfalcar al Estado dominicano por más de 41 mil millones de pesos, estructura que desde el 2012 estuvo funcionando en el Ministerio de Hacienda, pero que su mayor impulso se logró cuando Donald Guerrero asumió como ministro de esa institución en el 2016.
El programa Reporte Especial con Julissa Céspedes ha decidido indagar sobre este supuesto entramado de corrupción, donde el Ministerio Público defiende la legalidad y transparencia de los acuerdos de culpabilidad firmados con imputados, aunque para algunos sectores de la vida nacional se trata de una red de escape para varios de los presuntos “calamares”.
Según el expediente acusatorio, en el gobierno del expresidente Danilo Medina, el grupo hacía pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, reconocimiento de deudas administrativas y en sobornos para la campaña política del 2020.
Donald Guerrero, exministro de Hacienda estaría a la cabeza, seguido de los supuestos ejecutores, José Ramón Peralta, exministro administrativo de la Presidencia; y Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas; y otros 43 imputados y 12 empresas.
RECOMENDAMOS LEER:
Reacciones por acuerdos
En un movimiento que sacudió los estrados judiciales, el Ministerio Público solicitó declarar la extinción de la acción penal para seis imputados y una empresa. Las autoridades alegan que han colaborado eficazmente, aceptando su participación delictiva, devolviendo fondos sustraídos y revelando el modus operandi de la estructura.
No todos aplauden este inesperado desenlace, ya que voces autorizadas del ámbito jurídico han advertido de una falta de proporcionalidad en los acuerdos. Muchos entienden que se estaría siendo demasiado indulgente con presuntos cabecillas.
Los imputados que negociaron acuerdos con la fiscalía admitieron su participación en la trama corrupta como coalición con funcionarios, prevaricación, desfalco, concusión, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Los que podrían escapar de las redes de la justicia son: Fernando Crisóstomo Herrera, Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo), Víctor Matías Encarnación Montero, José Arturo Ureña Pérez, Belkis Antonia Tejada Ramírez, Natalia Cesarina Beltré Torres y la empresa Grupo Dibefe.
Fernando Crisóstomo Herrera
De acuerdo con el expediente de la operación Calamar, Fernando Crisóstomo Herrera, devolvió al Ministerio Público más de 1,101 millones de pesos. Habría desempeñado un rol clave como operador no gubernamental de la presunta estructura de corrupción.
Desde el sector privado, era el brazo operativo que permitió a la estructura ejecutar actos ilícitos. Participó en sobornos, estafas al Estado, lavado de activos y asociación de malhechores, utilizando empresas fachadas para desviar fondos públicos mediante presupuestos y cubicaciones adulteradas.
Estuvo involucrado en operaciones fraudulentas de pagos por expropiación y compra irregular de terrenos, facilitando la coalición de funcionarios corruptos.
Formó parte del denominado «programa o proyecto» que extorsionaba y cobraba ilegalmente a dueños de bancas de apuestas, lotería y colmados con tragamonedas, en connivencia con exdirectores de Casinos y Juegos de Azar.
Recibía y distribuía fondos ilícitos provenientes de estas operaciones, entregando personalmente al entonces candidato presidencial Gonzalo Castillo, aproximadamente 3,812 millones de pesos.
Asimismo, participó en negociaciones dudosas relacionadas con reclamos de pago por terrenos expropiados, involucrando a otros acusados que aportaban documentación irregular para facilitar estos procesos.
Mimilo Jiménez
Otro nombre que se destacó en el engranaje financiero es: Ramón Emilio Jiménez Collie, alias «Mimilo», quien convino entregar 715 millones de pesos en efectivos y bienes inmuebles.
Según el testimonio de Mimilo Jiménez, este fungió como contacto directo entre Donald Guerrero y los tentáculos no gubernamentales involucrados en los actos ilícitos.
Mimilo Jiménez no solo era un enlace, sino un operador financiero. Recibía instrucciones directas de Donald Guerrero y participaba activamente en el desvío de fondos públicos a través de empresas fachadas. Luego de estas maniobras fraudulentas, retiraba las grandes sumas de dinero en oficinas bancarias, llevándolas a lugares como «la casita» y el edificio Gampsa IV.
Pero su rol no se limitaba a mover el dinero. Mimilo Jiménez también formaba parte del esquema de sobornos a funcionarios, sustrayendo más de 1,200 millones de pesos del erario. Estos fondos ilícitos fueron utilizados para financiar las campañas primarias y presidenciales, donde Gonzalo Castillo era el candidato presidencial del PLD.
También habría estado involucrado en las operaciones fraudulentas de pagos por expropiación y compra irregular de terrenos a través del Ministerio de Hacienda. También estaba en el denominado «programa o proyecto» que extorsionaba y cobraba ilegalmente a dueños de bancas de apuestas, lotería y colmados con tragamonedas.
Una vez recibidos los fondos ilícitos producto de estas vastas operaciones delictivas, era Mimilo Jiménez, quien los distribuía según instrucciones de Donald Guerrero. Y en esta distribución, habría entregado personalmente al acusado Gonzalo Castillo más 3,812 millones de pesos.
Víctor Matías Encarnación Montero
Como director técnico de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Víctor Matías Encarnación Montero, habría utilizado su posición para habilitar una de las principales vías por las que se desviarían fondos públicos de forma ilícita.
Siguiendo instrucciones del exdirector de la OISOE, Francisco Pagán Rodríguez, Encarnación Montero orquestó una trama de documentos fraudulentos conocidos como «acuerdos de reconocimiento de deuda por adicionales de trabajo». Estos acuerdos estaban vinculados a contratos que la empresa del ingeniero Bolívar Ventura Rodríguez tenía adjudicados en la OISOE, algunos de más de una década atrás.
Pero lejos de ser meros trámites, estos «acuerdos de deuda» presuntamente contenían cifras infladas y presupuestos adulterados por Encarnación Montero. Este se basaba en volumetrías de obra inexistentes que nunca fueron verificadas por los técnicos a su cargo. Esta maniobra les permitió justificar grandes pagos que luego serían canalizados como supuestas «deudas públicas» a través del Ministerio de Hacienda.
Conforme la acusación del Ministerio Público estos documentos fueron antedatados por Encarnación Montero, haciéndolos figurar como si proviniesen de 2018 cuando en realidad se gestaron un año después. Esto para aparentar una justificación legal para desviar sumas de dinero hacia un único destino: financiar las campañas electorales de Gonzalo Castillo, candidato presidencial del PLD.
PUEDES LEER:
José Arturo Ureña Pérez
Según el testimonio presentado en la medida de coerción, José Arturo Ureña Pérez habría desempeñado un rol como intermediario. Habría actuado como eslabón conector entre Crisóstomo Herrera y Mimilo Jiménez.
Pero el rol de Ureña Pérez no se limitaba a conectar “jugadores”. Habría estado involucrado en las operaciones fraudulentas de pagos por expropiación y compra irregular de terrenos canalizados a través del Ministerio de Hacienda. Una coalición de funcionarios públicos y presuntos testaferros habría perpetrado sobornos, estafas al Estado y lavado de activos en estos procesos irregulares.
Este aparente intermediario financiero, formó parte del denominado «programa o proyecto» que extorsionaba a dueños de bancas de apuestas, lotería y colmados con tragamonedas.
Belkis Antonia Tejada Ramírez
Belkis Antonia Tejada Ramírez habría jugado un rol clave como facilitadora de procesos irregulares en la Dirección General de Bienes Nacionales. Era una pieza que podía destrabar los engranajes burocráticos y habilitar pagos millonarios por expropiaciones de terrenos.
Esta abogada, quien se desempeñó como Consultora Jurídica en Bienes Nacionales entre 2016 y 2020, habría recibido instrucciones directas para priorizar y agilizar expedientes incompletos e irregulares a pedido del entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero.
El testimonio revela que Tejada elaboró numerosos «acuerdos transaccionales» para efectuar pagos por casos de expropiación. Aquí están incluídos Molinería Oriental, Manuel María Velázquez e Hijos, sucesores de Marcial Reyes, Manuel Reyes y compartes, entre muchos otros. Estos acuerdos se realizaban a pesar de que los expedientes carecían de evaluaciones técnicas y documentación indispensable, solo porque eran «de interés» de Donald Guerrero.
Tejada según el testimonio habría recibido sobornos de la estructura criminal liderada por Crisóstomo Herrera, uno de los principales operadores no gubernamentales de la red. Estos sobornos fueron pagados a través de la empresa Grupo Dibefe y de Joar Emir Hernández, con el objetivo de que la Dirección de Bienes Nacionales no objetara la emisión de títulos de propiedad en casos específicos.
El documento detalla que Tejada también habría participado en el aparente lavado de activos provenientes de estos sobornos ilícitos. Mediante la adquisición de inmuebles, vehículos, certificados financieros y préstamos, esta presunta cómplice habría ocultado el rastro del dinero mal habido.
Asimismo, Tejada fue requerida por Donald Guerrero para asistiese en el área de Deuda Administrativa del Ministerio de Hacienda, colaborando con los mismos expedientes irregulares.
Natalia Cesarina Beltré Torres
Natalia Cesarina Beltré Torres habría jugado un rol como testaferro y cómplice en aparentes operaciones de lavado de activos. Habría utilizado su empresa: Grupo Dibefe, entidad jurídica que también será beneficiada con un acuerdo como vehículo societario para recibir millonarios pagos procedentes de sobornos.
El testimonio apunta a que Beltré Torres era la principal tenedora de cuotas sociales y administradora de esta empresa fachada. A través de ella, la entonces directora jurídica de Bienes Nacionales, Belkis Antonia Tejada Ramírez, habría canalizado más de 68 millones de pesos provenientes de presuntos sobornos pagados por Wilfredo Castillo Rosa.
Conforme el documento estos fondos de dudoso origen no solo fueron estratificados, sino que también sirvieron para adquirir lujosos inmuebles.
Igualmente, Beltré Torres habría jugado un papel crucial como presunta facilitadora del aparente blanqueo de capitales, y su empresa habría servido como conducto para recibir millonarios pagos ilícitos y aparentemente canalizar esos fondos hacia la adquisición de costosas propiedades.
LE PUEDE INTERESAR:
Extinción de la acción penal
Las citadas personas actualmente son testigos a los que el Ministerio Público ha solicitado declarar la extinción de la acción penal debido a su colaboración. Pero a pesar de los millonarios montos devueltos, eso parece migajas comparadas con los 41 millones de pesos que presuntamente drenaron de los dominicanos.
Para el abogado Julio Cury en el caso de esto debió realizarse un juicio penal abreviado, es decir que estos implicados aceptaran una declaratoria de culpabilidad asumiendo la comisión del hecho para posteriormente acordar una pena, o no.
Esta opinión difiere de la del abogado Miguel Valerio, quien aseguró que el mecanismo de juicio penal abreviado no tendría el mismo efecto, ya que limita el uso de información para otros fines judiciales.
Es así como entró en escena la figura del criterio de oportunidad, un mecanismo contemplado en el Código Procesal Penal. Esta figura permite al Ministerio Público retirar los cargos contra aquellos acusados que brinden información clave para desmantelar la red delictiva.
¿Serán los principales cabecillas de esta millonaria trama de presunta corrupción los que logren quedar impunes? El descontento no cesará hasta que todos los involucrados en el desfalco al Estado reciban el castigo que merecen.
