Es uno de los principales acusados en Operación Coral
Santo Domingo, RD.- El mayor general del Ejército de la República Dominicana y exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, Adán Cáceres Silvestre, manifestó este viernes se le han imputado cargos en su contra que no corresponden con la verdad.
“No en más de una hora puede leerlo (el expediente acusatorio) y pude entrarme de tantas acusaciones de que soy objeto, al leerlo me di cuenta de que he sido objeto de una investigación bastante acuciosa y que los investigadores han tenido mérito en sus investigaciones, pero he notado, no demasiadas mentiras, pero si he notado la verdad retorcida en contra de mí y mi honor y eso ha tocado mi honor”, le indicó a la jueza Kenya Romero, quien será que le conozca medida de coerción.
Cáceres Silvestre es uno de los principales acusados en el denominado caso de corrupción Operación Coral, dirigido por la Procuraduría General de la República.
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Manifestó que nunca en su vida había estado en una situación como esta y que las imputaciones que le hacen han tocado su honor.
“Yo soy presentado allí como un malhechor y debo tener las formas de desmontar todo eso”, manifestó.
Le agradeció a la jueza que le haya entregado la acusación inmediatamente para poder conocerla, pero pidió que se aplace la audiencia para que sus abogados tengan tiempo de hacer las debidas diligencias para poder presentar presupuestos y demostrar su arraigo.
“En mis 52 años nunca había estado en una situación como esta, y tal vez no tenga la destreza de los abogados. Quiero decirle magistrada que estoy agradecido con el cumplimento de la defensa, como que se encontraban el documento acusatorio”, expresó.
El Ministerio Público ha establecido que cuando en el 2012, el expresidente Medina llegó al poder, Cáceres Silvestre comenzó a crear un entramado militar-policial, social y religioso para distraer fondos del patrimonio público.
Para crear la red criminal, y desviar el dinero público, Cáceres Silvestre, dice la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), supuestamente constituyó un entramado junto a la pastora Rossy, quien era, además, asimilada de la Policía Nacional, el coronel policial Rafael Núñez de Aza, el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa) y otros investigados para distraer el dinero del Cusep y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
Estas declaraciones fueron emitidas durante el conocimiento de medidas de coerción donde la defensa de los imputados pide sea aplazada nuevamente para poder estudiar el expediente.
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De su lado, la directora de Persecución del Delito de la Procuraduría General de la República, Yeni Berenice Reynoso, consideró irrazonable que abogados de la defensa pidan nuevo aplazamiento para el conocimiento de medias de coerción en el denominado caso de corrupción.
La magistrada indicó que observaron que la defensa volvió en la misma tesitura de no querer la medida de coerción.
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“No es razonable que unas personas que están arrestadas desde el día sábado, a quienes el Ministerio Público le solicitó medias de coerción el día lunes, hoy viernes la defensa diga que no está en condiciones de conocer una medida de coerción porque no ha tenido la oportunidad de estudiar cada prueba con la defensa como si fuéramos a producir pruebas en esta instancia propia”, detalló la representante del Ministerio Público.
Pidió al tribunal solicitar la certificación de que se le dio cumplimiento a la decisión de este en la condición que se estableció.
Explicó que a la defensa se le notificó inmediatamente fueron detenidos los acusados.
Detalló que se documentó la ubicación de la custodia de los imputados para transparentar el proceso.
“En qué lugar del mundo se permite que una persona bajo custodia no tenga una seguridad… creo que la defensa quiere desnaturalizar el sistema totalmente un sistema de seguridad que no es propio ni siquiera de la República Dominicana”, manifestó Reynoso.
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La audiencia fue suspendida luego de que el abogado del coronel Núñez de Aza recusara a la jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, tras sostener el imputado que se siente en un estado de indefensión porque no ha podido conocer las pruebas presentadas en su contra. Previamente, la defensa había solicitado el aplazamiento de la audiencia, lo cual le fue rechazado.
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Ahora corresponderá a la Corte de Apelación del Distrito Nacional decidir si la jueza continúa en el conocimiento de la medida de coerción o si designa a otro juzgador. Cuando haya una decisión al respecto, entonces, se decidirá la fecha para conocer dicha audiencia.
Al ser cuestionada sobre la recusación, la magistrada Yeni Berenice Reynoso dijo que “es una medida desesperada de la defensa, que está corriendo más que un corredor olímpico a la contundencia de la investigación que ha realizado el Ministerio Púb
