Santo Domingo, RD. – El destacado arquitecto urbanista Erick Dorrejo planteó este jueves una preocupante carencia de regulación en el uso del suelo en la República Dominicana. Según sus afirmaciones, solo la Circunscripción 1 del Distrito Nacional y el área metropolitana urbana de Santiago cuentan con regulaciones de uso de suelo, mientras que otras áreas urbanas carecen de estas normativas esenciales.
Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, que se transmite de lunes a viernes por el canal 37, Dorrejo enfatizó que en la mayoría del país, la emisión de permisos de construcción se basa en un proceso insuficiente, donde un supervisor verifica algunos detalles básicos y otorga los permisos correspondientes.
Añadió que esta falta de criterio y regulación puede llevar a situaciones catastróficas, como la devastadora explosión que el lunes de la semana pasada cobró la vida de al menos 33 personas en la ciudad de San Cristóbal, en gran medida por la construcción de una barriada alrededor de industrias y estación de gasolina en la zona que se registró el siniestro.
El arquitecto argumentó: “Mientras no se tenga criterio y regulación, se tendrán situaciones como esa, porque puede ser que, con toda las de la ley se haya otorgado el permiso de la industria y la gasolinera, pero no hay ninguna fuerza de ley que impida al constructor que quiera hacer una torre, ubicarse al lado de esto”.
Recalcó que mientras no exista una norma de regulación, las gasolineras que deseen erigirse en zonas pobladas podrán hacerlo sin ningún impedimento, a pesar del peligro que representan para las personas que residen en los alrededores.
Criterios técnicos
Sin embargo, dijo que hay unos criterios técnicos de regulación de las bombas de gasolina, las estaciones de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y algunas industrias, mediante los cuales se debe velar porque lo que suceda en esas empresas no ponga en peligro a las personas.
En ese sentido, el urbanista afirmó que se está trabajando con el reglamento de aplicación de la Ley de Ordenamiento Territorial aprobada en diciembre de 2022 además de otros instrumentos que regulan el tema.
Además, señaló que también se están elaborando normas subsidiarias de planificación que, ante la ausencia de planes de ordenamiento territorial municipal, permitirán tener criterios para la construcción, diseño y planificación de la ciudad.
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Explicó que generalmente una ciudad se construye tanto por la informalidad que va abrazando y tomando espacio, o se construye por el mercado en función de la disposición de bienes y servicios y cómo estos se van localizando.
Sin embargo, aclaró que ninguna de estas dos formas de construir una ciudad define cuáles son las verdaderas áreas de riesgo o lugares de vulnerabilidad.
“Hay incompatibilidad de usos. Si dejamos al mercado y dejamos a la informalidad, lo que vamos es a tener resultados caóticos, como los que se están viendo. Necesitamos para esto, la labor del gobierno local y el gobierno nacional, es una mancuerna entre los dos, porque uno es administrador del suelo con la regulación de los usos del suelo, como los ayuntamientos, pero otro es el que define los sectores que deben pertenecer a un espacio urbano o rural”, planteó.
Enseñanza de la tragedia
Sostuvo que la tragedia de San Cristóbal puso en desnudo el hecho de que en una pequeña superficie se puede tener las actividades que el capital privado o la informalidad así lo quieran.
Indicó que eso se ha visto desde recicladoras, veterinarias, tiendas de textiles y otras empresas que están dentro del proceso de investigación que hay en curso para determinar la causa y origen de la tragedia.
Dijo que de no buscársele solución a esta problemática, se podría pasar a tragedias que cobren la vida de más de las 33 personas que fallecieron en la explosión de San Cristóbal.
Subrayó que es menester de que se pueda avanzar de que el diseño y planificación de las ciudades debe estar en manos del Gobierno, y que el derecho del uso del suelo que tiene cada quien con la titularidad, debe responder a una función social para que se construya tomando en cuenta el factor de riesgo y vulnerabilidad de la zona.
Aunque afirma que el Distrito Nacional y Santiago han avanzado en la regulación del uso sobre suelo y el ordenamiento territorial, sostiene que los 156 municipios restantes están ausentes de las políticas que lo regulan.
Destacó que la Ley que crea el Ministerio de Medio Ambiente dispone que el país debe tener una zonificación hidrológica la cual sirve para marcar el lugar por donde deben ir las cuencas acuíferas y establecer un perímetro donde no puede construirse viviendas ni ninguna persona residiendo. Indicó que en el caso de los ríos, ese perímetro es de 30 metros que debe mediar entre el afluente y las viviendas.
No hay que desalojar a todo el mundo
El urbanista plantea que todo eso debe ser resultado de un análisis minucioso del territorio, ya que, a su juicio, no se necesita desalojar a todo el mundo de manera inmediata, sino más bien implementar medidas de mitigación que puedan responder a sitios como Las 800, donde se establezcan cauces por donde dirigir el río y disponer de mayor superficie permeable.
Sin embargo, subrayó que el gran problema de la ciudad es que todo está encementado, por lo que el agua no tiene por donde impregnarse ni tampoco se dispone de un sistema de drenaje eficiente.
Por tanto, consideró que ante esta circunstancia el agua se acumula frente a las viviendas y forma los charcos y lagunas que se observan ante cualquier episodio de lluvia.
