Santo Domingo. – En medio de los debates sobre el impacto de la crisis haitiana en la República Dominicana, el Consejo Económico y Social (CES) propone una estrategia para empadronar a trabajadores extranjeros en situación irregular, particularmente en sectores con alta demanda de mano de obra como la agricultura y la construcción.
La propuesta, aún en discusión, forma parte del documento base que guía el diálogo político convocado por el CES. Este establece la necesidad de un modelo laboral regulado, legal y justo, que priorice la contratación de dominicanos y asegure que cualquier contratación de extranjeros cumpla con las leyes laborales y de migración.
Registro biométrico y contratos formales
Entre las medidas más destacadas, se propone la implementación de un registro nacional biométrico, utilizando huellas dactilares y reconocimiento facial, vinculado directamente a contratos laborales específicos. Este registro permitiría al Estado tener control en tiempo real sobre la situación de los trabajadores extranjeros, limitando su permanencia y movilidad laboral a las condiciones del contrato registrado.
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La propuesta indica que este empadronamiento se realizaría en una fase piloto de 12 a 18 meses en dos sectores clave, con el uso de equipos portátiles. Una base de datos centralizada y segura, y el respaldo de sistemas de inteligencia artificial.
El proyecto se desarrollaría bajo la coordinación del Ministerio de Trabajo y la Dirección General de Migración (DGM), mediante centros de registro temporales ubicados en zonas de alta concentración de trabajadores.
Rol del empleador y sanciones
La propuesta también asigna una responsabilidad directa al empleador, quien deberá registrar y mantener actualizada la información de sus trabajadores extranjeros. El incumplimiento de esta obligación acarrearía multas severas y la prohibición de contratar mano de obra extranjera en el futuro.
Permiso de trabajo temporal, no residencia
Un punto clave de la iniciativa es que el empadronamiento no implica una regularización migratoria general. Lo que se plantea es un permiso de trabajo temporal, sin acceso a residencia ni nacionalidad. Este permiso estaría vinculado exclusivamente a un empleador y a una ocupación determinada, con una vigencia inicial de 6 a 12 meses.
Para su renovación, el trabajador deberá presentar un nuevo contrato formal, demostrar cumplimiento de la ley, y no haber cometido infracciones migratorias graves. También se establecería un límite de renovaciones para evitar que este mecanismo se convierta en una vía indirecta a la permanencia legal indefinida.
Coordinación con Haití y desafíos
El CES también sugiere que el plan se implemente en coordinación con las autoridades haitianas. Lo que representaría un reto significativo dada la inestabilidad política y la precariedad del registro civil en Haití. Sin embargo, reconoce que esta cooperación es clave para facilitar tanto la identificación como el eventual retorno de los ciudadanos extranjeros.
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Marco legal y protección de datos
El documento hace énfasis en establecer un marco legal claro, que defina el propósito del registro, garantice la protección de los datos biométricos y establezca sanciones en caso de incumplimiento.
Este plan discutido por primera vez durante la reunión inaugural del diálogo sobre la crisis haitiana en el CES y forma parte de los seis temas prioritarios que se debaten actualmente.
