Santo Domingo, RD.- El Gobierno dominicano recurre a un conjunto de medidas estratégicas para mitigar los efectos del conflicto en Medio Oriente sobre la economía local, especialmente ante el alza de los precios internacionales del petróleo y la incertidumbre en los mercados energéticos.
Como parte de las medidas, el presidente Luis Abinader instruyó a varios ministros a iniciar consultas con sectores productivos, políticos y sociales. Esto para lograr un acuerdo nacional que permita enfrentar la crisis global y reducir su impacto en las familias dominicanas.
Los ministerios de la Presidencia, Hacienda y Economía, e Industria, Comercio y Mipymes tienen la asignación especial.
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Garanizar la estabilidad económica
Las acciones buscan proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos, garantizar la estabilidad macroeconómica y evitar impactos severos en los sectores productivos.
El Gobierno monitorea los precios de alimentos e insumos agropecuarios y anunció un subsidio a los fertilizantes, por un monto inicial de 1,000 millones de pesos, para mantener sus precios a los niveles previos a la crisis. De esta forma, busca evitar que el aumento internacional de los fertilizantes se traduzca en mayores precios de alimentos para las familias dominicanas.
Uno de los principales ejes del plan es la estabilización de los precios de los combustibles, con especial énfasis en el Gas Licuado de Petróleo (GLP), ampliamente utilizado en los hogares dominicanos. Las autoridades han decidido mantener sin variación su precio, absorbiendo parte de las fluctuaciones del mercado internacional mediante subsidios estatales.
Asimismo, el Gobierno ha reforzado su política de control de precios energéticos, implementando medidas fiscales para reducir la carga impositiva en el sector eléctrico.
Entre ellas se destaca una reducción significativa de la fiscalidad, cercana al 60%, apoyada en la disminución del ITBIS aplicado a la electricidad, lo que contribuye a aliviar la factura de los consumidores.
En esa misma línea, se ha dispuesto la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, lo que reduce los costos operativos de las generadoras y ayuda a contener posibles aumentos en las tarifas. Esta medida busca preservar la competitividad del sistema energético nacional.
Precios de los combustibles
Otra acción relevante es la aplicación de aumento en los precios de los combustibles alternativos como el gas natural, incentivando su uso y diversificando la matriz energética. Con ello, el país reduce su dependencia de los derivados del petróleo, cuyo precio ha sido altamente volátil por la crisis internacional.
En cuanto a los carburantes, se han implementado mecanismos para reducir su costo hasta en 30 centavos por litro, mediante ajustes fiscales y subsidios focalizados. Esta medida tiene un impacto directo en el transporte público y privado, así como en la logística de bienes y servicios.
De igual forma, se ha dispuesto la continuidad de programas de apoyo social como el bono eléctrico, ampliado durante todo el año 2026.
Este beneficio se complementa con el fortalecimiento del bono térmico y la prohibición de suspender servicios energéticos a hogares en situación de vulnerabilidad, garantizando así el acceso a servicios básicos.
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Medida de apoyo al sector transporte
En apoyo a los sectores productivos, el Gobierno ha implementado ayudas directas a transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, incluyendo subsidios al combustible y a insumos como fertilizantes. Estas acciones buscan sostener la producción nacional y evitar incrementos en los precios de los alimentos.
Finalmente, las autoridades han fortalecido los mecanismos de supervisión del mercado energético y promovido medidas estructurales para la transición hacia energías renovables. Esto incluye incentivos para la instalación de paneles solares. Además, mejoras en eficiencia energética y mayor regulación para prevenir prácticas abusivas, consolidando una estrategia integral frente a los efectos de la crisis internacional.
