Santo Domingo, RD.- El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, aseguró que el nuevo Código Penal enfrenta un serio problema de legitimidad debido a la profunda división que existe entre los principales actores del sector jurídico dominicano en torno a su contenido.
Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, Castaños Guzmán sostuvo que la ausencia de consenso entre juristas, académicos y especialistas refleja que la pieza legislativa no cuenta con el respaldo técnico que debería acompañar una reforma de esa magnitud.
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«La clase jurídica está totalmente dividida, lo que te quiere decir que el código no va a contar con la legitimidad que debe de contar», afirmó el vicepresidente ejecutivo de Finjus, al insistir en que un Código Penal debe surgir de un amplio acuerdo jurídico, político y social para garantizar su adecuada aplicación.
Principales controversias sobre la legislación
En ese contexto, cuestionó que las principales controversias sobre la legislación terminen siendo resueltas por el Tribunal Constitucional.
«¿O sea, nosotros le vamos a dejar a nueve jueces que terminen gobernando este país? Para eso no fue que se creó el Tribunal Constitucional», expresó.
Castaños Guzmán advirtió que presentar el nuevo Código Penal como una solución a la criminalidad constituye un error conceptual.
«Los códigos no previenen, intervienen», afirmó, al explicar que una política criminal efectiva requiere instituciones sólidas, prevención, investigación y una adecuada aplicación de la ley, más allá del contenido de una norma.
Recordó que Finjus advirtió desde el 6 de agosto sobre diversos aspectos que debían revisarse en el proyecto y que, desde octubre del año pasado, propuso la conformación de una comisión bicameral para discutir la iniciativa con mayor profundidad.
Asimismo, criticó que distintos sectores del Estado y de la academia no participaran activamente durante la discusión de la pieza. Aunque reconoció el papel desempeñado por la procuradora general de la República, consideró que otros actores llamados a enriquecer el debate permanecieron al margen.
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Cuestiona el aumento de penas en el Código Penal
El vicepresidente ejecutivo de Finjus sostuvo que aumentar las penas de forma indiscriminada no garantiza una reducción de la criminalidad y recordó que el derecho penal también debe perseguir la rehabilitación y reinserción de los condenados.
A su juicio, muchas de las diferencias generadas durante la discusión del Código Penal obedecen a la redacción y configuración de determinados tipos penales, más que a la cantidad de nuevos delitos incorporados.
También advirtió que algunas disposiciones podrían entrar en conflicto con criterios previamente establecidos por el Tribunal Constitucional, tomando en cuenta el peso que hoy tiene la jurisprudencia como fuente del derecho.
Advierte impacto en el sistema de justicia
Castaños Guzmán señaló que la entrada en vigor del nuevo Código Penal también tendrá consecuencias operativas para el sistema judicial.
Recordó que la Defensa Pública asume alrededor del 83 % de los procesos penales y advirtió que el incremento de personas en prisión preventiva podría traducirse en una mayor carga de trabajo para los defensores públicos y en un aumento de la población penitenciaria.
En materia de libertad de expresión, afirmó que la tendencia internacional es despenalizar los delitos contra el honor y privilegiar sanciones económicas en lugar de penas privativas de libertad.
Finalmente, reiteró que Finjus continuará presentando propuestas técnicas y observaciones al Congreso Nacional si el Código Penal entra en vigencia, con el propósito de fortalecer su aplicación y contribuir a que la legislación alcance mayores niveles de calidad, consenso y legitimidad.
