El 29 de julio de 2020, fecha de la inauguración de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC), se anticipó que esa empresa se convertiría en la principal fuente de electricidad de la República Dominicana y, al mismo tiempo, en un sólido pilar para la sostenibilidad de las finanzas públicas.
En particular, se indicó que, entre mayo y julio de ese año, la CTPC había suplido un promedio mensual de 504.6 GwH (cerca del 30% de toda la demanda de electricidad) a un precio muy competitivo, y que operaba con una capacidad suficiente para generar beneficios (antes de intereses, depreciación e impuestos) por una suma de 250 millones de dólares anuales. A ello había que agregar el ahorro de más de 200 millones de dólares cada año de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE), pues Punta Catalina les supliría energía a un precio inferior al del mercado spot. En conjunto, implicaba un beneficio anual directo para el Estado entre 0.4% y 0.5% del producto interno bruto (PIB).
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La semana pasada se publicó una nota de prensa que confirma las metas previstas. En dicha nota se comunica que Punta Catalina “cerró el ejercicio fiscal de 2025 -al 3 de diciembre- con transferencias al Estado dominicano por 258.4 millones de dólares, consolidándose como uno de los activos públicos con mayor capacidad de generación de caja”. Con esas cifras, se destaca que la planta es “un instrumento de estabilización fiscal”.
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La declaración cobra mayor relevancia si se considera que al reporte contable hay que incluirle el ahorro de más de 300 millones de dólares anuales que actualmente obtienen las EDE al comprar la electricidad a un precio por debajo del precio spot, lo cual significa que el aporte de la CTPC a las finanzas públicas supera los 550 millones de dólares al año. En pocas palabras, Punta Catalina es una mina de oro, muy beneficiosa para el país.