Se ha especulado que a partir de enero de 2026 se conocerá, discutirá, aprobará e implementará una propuesta de reforma tributaria. Por ese motivo, vuelvo a recordarle al ministro de Hacienda, Magín Díaz, los requisitos que deben cumplirse previo a ejecutar dicha reforma.
La secuencia debe iniciar con el recorte de los gastos superfluos. Como es el de publicidad y todo aquel que no aporte al bienestar de la gente.
El Estado debe eliminar los subsidios generalizados que benefician principalmente a los más ricos y orientarlos de manera focalizada hacia los pobres y vulnerables.
El déficit del sector eléctrico, que obliga al gobierno a transferir a las empresas distribuidoras de electricidad un monto anual de 1,800 millones de dólares. Esto es equivalente a un 1.4% del PIB, debe reducirse de forma significativa.
El siguiente paso consiste en aplicar medidas para reducir la evasión impositiva. Se estima que una mayor eficiencia de la administración tributaria elevaría hasta en 4 puntos del PIB la presión tributaria.
Luego es necesario eliminar las exenciones e incentivos impositivos que, después de un riguroso análisis costo beneficio, se determine que no aportan en términos netos al desarrollo económico y social de la nación.
Después de cumplir esos requisitos se debería modificar el Código Tributario para establecer un sistema tributario que sea equitativo, capaz de generar ingresos públicos sin deteriorar excesivamente las actividades económicas y, sobre todo, que sea neutral ante de las decisiones de ahorro, inversión, trabajo y producción de los agentes económicos.