Santo Domingo. – Dos diputados han presentado un proyecto de ley que busca limitar el acceso de ciudadanos haitianos a viviendas en alquiler, terrenos y empleos en RD. La propuesta tiene como objetivo principal prevenir que la crisis social de Haití impacte el territorio dominicano, alineándose con un pacto nacional encabezado por el presidente Luis Abinader en febrero de 2023.
Sin embargo, este proyecto de ley podría traer implicaciones importantes de cara a los organismos internacionales. Ya antes la República Dominicana ha enfrentado acusaciones de violar los Derechos Humanos de haitianos.
El exministro Pelegrín Castillo redactó el anteproyecto, que cuenta con el respaldo de los diputados Elías Wessin Chávez, del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), y Eugenio Cedeño, del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Entre las medidas propuestas destaca la obligación para los propietarios de vivienda de verificar el estatus migratorio de los extranjeros antes de alquilarles una propiedad.
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Control en alquileres y compraventa de inmuebles de haitianos en RD
El artículo cuatro del proyecto estipula que los propietarios deben registrar los contratos de renta de extranjeros ante la Dirección General de Migración. Esto siempre y cuando los documentos migratorios sean válidos.
Además, cualquier venta de inmuebles o terrenos a ciudadanos haitianos deberá ser revisada, depurada y autorizada por el Poder Ejecutivo.
Asimismo, se establece que el Gobierno deberá informar anualmente al Congreso Nacional sobre el número de solicitudes y autorizaciones relacionadas con estas operaciones. Estas medidas buscan regular el acceso de ciudadanos haitianos a propiedades en el país y asegurar un control más estricto sobre su permanencia.
Restricción de empleos a extranjeros
La iniciativa también incluye limitar el acceso de haitianos a ciertos sectores laborales. Áreas como la seguridad, el turismo, la jardinería y la conducción de vehículos quedarían reservadas exclusivamente para ciudadanos dominicanos. De igual manera, los empleos en el gobierno central y las alcaldías estarán destinados únicamente a los nacionales, según indica el texto.
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El proyecto añade que los extranjeros con estatus regular que alojen a ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular perderán su permiso de residencia y enfrentarán la deportación. La Dirección General de Migración será la encargada de supervisar esta normativa.
Penas severas por daños en la frontera de haitianos en RD
El anteproyecto también propone penas carcelarias de tres a diez años para extranjeros que causen daños al personal que trabaja en la frontera. Esto incluye heridas, fracturas o perforaciones, así como la construcción de túneles. Estas sanciones se aplicarían sin perjuicio de otras penas por delitos de terrorismo que pudieran derivarse de las acciones.
La propuesta se enmarca dentro del pacto nacional firmado en octubre de 2023, con el cual el gobierno dominicano busca reforzar el control migratorio y garantizar la seguridad en el país. Según los legisladores, esta medida es necesaria para proteger a los dominicanos de los efectos de la crisis social y económica que enfrenta Haití.
El debate sobre este anteproyecto ha generado diversas reacciones en la sociedad dominicana, desde quienes lo consideran un paso necesario para el orden migratorio hasta quienes lo perciben como discriminatorio.
