Desde el proyecto de ley que propuso el Gobierno a inicios de este año sobre la creación del DNI hasta el intento de una reforma fiscal, ha tenido que retroceder al menos en todos los que contenían artículos que vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos o laceran la soberanía. Ante esta situación, una ola de figuras de medios de comunicación digital se ha levantado en contra de esas medidas, convirtiéndose en organizadores de protestas.
Los abogados Cándido Simó y José Bello tienen puntos de vista diferentes ante la actuación del Gobierno frente a las manifestaciones. Para Cándido Simó, el Ejecutivo tiene temor a la presión social y reacciona rápido frente a las amenazas sociales. En tanto que para el catedrático José Bello se puede tratar de una estrategia del propio Gobierno.
«Creo que sí que se logró la presión social y la movilización que hicieron los líderes de los medios de comunicación alternativos, que fueron los que convocaron esta vez a la Plaza de la Bandera. Yo pienso que sí que ha impactado para que tomen decisiones que debieron tomarse antes», manifestó Cándido Simó, abogado.
«Han encontrado el esquema necesario para articularse y protestar a través de redes sociales, creando el efecto que el gobierno está esperando, que comience la gente a elucubrar, a decir, a pensar y ellos riéndose con las últimas muelas de atrás», afirmó José Bello, catedrático.
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Dos visiones sobre el retroceso del Gobierno
La respuesta del Gobierno ante las protestas ha generado interpretaciones distintas entre los especialistas. José Bello sostiene que el presidente envía un mensaje complaciente al retroceder en proyectos como la ley del DNI, la reforma fiscal y otros. Cándido Simó, en cambio, considera que esas decisiones reflejan el poder que han adquirido las figuras de los medios digitales.
«Hay que tener mucho cuidado porque tú podrías pensar que todo eso que ha pasado con el DNI, que todo eso que ha pasado con la mina Romero, que todo eso que ha pasado con el proyecto de reforma fiscal, todo lo que ha pasado con el código, es una constante», añadió Bello.
«Sin dudas, esto obedece a una actitud fundamentalmente de un comunicador de medios no tradicionales que le dio 72 horas al presidente de la República para que modifiquen el código y limiten y delimiten el tema de la penalidad del derecho a la expresión. Eso significa que consiguió una decisión de Estado», concluyó Simó.
Los catedráticos coincidieron en que el Gobierno ha impulsado proyectos de ley sin consenso con los sectores involucrados. También atribuyeron esa situación a la falta de asesoría profesional calificada.