El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, en su intervención ante el Senado el día de ayer precisó cuatro graves problemas que son los que afectan la República Dominicana
Planteó que la falta de aplicación de la Ley 63-17 significa una de las causas de tanto caos en el tránsito. Asimismo, abogó para que se hagan más severas las sanciones contra los infractores.
“Nosotros tenemos que atacar la raíz del problema. Es cierto que la sociedad nos pide y habla del tema de aplicar la ley, yo estoy de acuerdo, pero nos encontramos con una realidad operativa que es más grande que el Intrant”, señaló.
Además, subrayó que la falta de agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) impide una fiscalización efectiva a las infracciones.
Pocos agentes
Morrison sacó los números y explicó que en el Distrito Nacional, donde hay más de un millón de vehículos, solo operan 150 agentes por tanda. En todo Bonao hay 17 agentes, mientras que en provincias como Bahoruco, Independencia y Santiago Oeste no hay dotación de Digesett. Otras localidades como en Espaillat, La Romana, Haina y San Cristóbal, los números son pobres, con apenas solamente 14 y 31 agentes. En el país solo hay 1,752 agentes de tránsito para regular todo el territorio.
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Sanciones flojas
El ingeniero Morrison calificó el actual sistema de infracciones como “inefectivo”. Señaló que las sanciones económicas no se traducen en la reducción de infracciones, ya que aunque la Ley 63-17 establece multas de hasta 10,000 pesos, mientras que los infractores solo pagan alrededor de 1,600 pesos. Destaca que la prescripción de las multas al año juega un papel negativo, pues hace los infractores evadan la penalización.
Como recomendaciones, el director del Intrant planteó declarar en rebeldía a los conductores que no paguen sus multas dentro del plazo establecido, posible suspensión de la licencia de conducir, extender el tiempo de prescripción de las multas a cinco años y aplicar sanciones severas para las carreras clandestinas, como penas de hasta dos años en prisión.
