Santo Domingo. – Legisladores de distintas bancadas expresaron su respaldo a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que prohíbe al Ministerio Público utilizar sobrenombres o motes en sus expedientes judiciales, al considerar que esta práctica contribuía a la estigmatización de los investigados y violaba el principio de presunción de inocencia.
El fallo fue emitido tras una acción de inconstitucionalidad interpuesta por el exprocurador Jean Alain Rodríguez, quien pidió eliminar el uso del término “Operación Medusa” en el proceso que se le sigue. La decisión del TC obliga ahora a las autoridades a abstenerse de usar nombres simbólicos o apodos en investigaciones penales.
El diputado Gustavo Sánchez, vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), saludó la medida al afirmar que “la justicia debe respetar la dignidad y los derechos fundamentales de toda persona, sin importar el proceso en que se encuentre”.
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Sin embargo, no todos los legisladores comparten esa visión. El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Wandy Taveras, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), opinó que los nombres utilizados por el Ministerio Público en los operativos no afectan la honra ni la presunción de inocencia de los imputados.
“El Ministerio Público ha usado estos nombres como herramientas de identificación mediática, no como una condena anticipada”, señaló Taveras.
Pese a las diferencias, la mayoría de los congresistas coincidió en que la decisión del Tribunal Constitucional sienta un precedente importante para preservar los derechos fundamentales de los ciudadanos durante procesos judiciales, al tiempo que llama al Ministerio Público a manejar con mayor prudencia sus estrategias comunicacionales.
El diputado Eugenio Cedeño, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), también consideró que la práctica de identificar imputados por seudónimos constituye una “condena adelantada” y atenta contra el principio de presunción de inocencia.
Otro representante del partido verde que saludó dicha sentencia fue Carlos de Pérez, tras considerar que los apodos utilizados por el órgano persecutor estigmatizan a los investigados.
