Una trama de engaño y falsificación de documentos envuelve un fraude inmobiliario, que involucra más de 6 millones de metros cuadrados de terreno costero en Baní. Una organización mafiosa puso a una persona fallecida a vender las acciones de la empresa Costa Dorada en beneficio de abogados, contadores y militares. Este caso salió a la luz por denuncias formuladas por el abogado Ignacio Miranda, miembro del equipo legal que representa a las familias Mayol y Serrano.
La propiedad en cuestión, adquirida en 1967 por Juan Mayol, un individuo con una tradición empresarial, se encuentra estratégicamente ubicada, colindando con proyectos turísticos de gran envergadura como Los Corbanitos y Punta Arenas. En 1977, Juan Mayol se asoció con los hermanos Roberto y José Serrano, propietarios de Peravia Industrial, una empresa agroindustrial en la República Dominicana, conocida por fabricar productos de renombre como La Famosa y Jaja.
Caso de fraude corporativo
Todo parecía ir viento en popa en los primeros meses de 2013 para la empresa Costa Dorada en Baní. Los socios de la empresa no tenían motivo para sospechar problemas o actividades extrañas que rodearan sus operaciones. Sin embargo, un giro radical ocurrió ese año cuando decidieron transformar la empresa en una Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) cumpliendo con la ley 478-08 sobre entes comerciales.
Para su sorpresa, al intentar llevar a cabo la transformación en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, se encontraron con un obstáculo: se les informó a sus abogados corporativos que la sociedad ya se había transformado y matriculado como una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L.) a nombre de Luis Américo Minervino Ducoudray, un nombre desconocido para los socios legítimos.
Transferencias que excluían a los socios
La investigación reveló una red de documentos falsos que incluían contratos de venta de acciones, actas de asambleas, estados financieros, declaraciones juradas y otros documentos corporativos. Los autores del fraude intentaron mostrar una serie de transferencias accionarias que excluían a los socios legítimos y a aquellos que habían adquirido acciones de la empresa.
En mayo de 2013, los socios de Costa Dorada descubrieron que la Dirección General de Impuestos Internos había autorizado la modificación por transformación, haciendo que la empresa apareciera como una EIRL propiedad de Luis Américo Minervino Ducoudray.
Luis Minervino
Este hallazgo llevó a que las empresas Hilari Mayol, S.A.S., Mayol & Co., S.R.L., Grand Cays Corporation y Okra Company, Ltd. demandaran a Luis Américo Minervino Ducoudray en nulidad de los actos de venta de acciones. La demanda fue presentada ante la Cuarta Sala de la Cámara de lo Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
Sin embargo, cuando la demanda estaba cerca de recibir un fallo, el abogado Ricardo Elías Soto Subero, un coronel activo del Ejército que supuestamente representaba a Costa Dorada, solicitó la reapertura de los debates alegando que el demandado, Luis Américo Minervino Ducoudray, había fallecido en 2010, presentando un acta de defunción como prueba.
Beneficiados del fraude
Los abogados de las empresas demandantes solicitaron toda la documentación registrada sobre la empresa al Registro Mercantil de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. La documentación reveló que los beneficiarios finales del fraude eran Ailec Paloma Soto Garabito, hija del coronel Soto Subero, y la Global Multibusiness Corporation, empresa en la que participaban el coronel, sus hijos y el abogado Rafael Olegario Helena Regalado.
Proceso legal
El proceso penal contra los acusados comenzó en 2018 cuando las empresas querellantes presentaron una querella en contra de varios acusados, acusándolos de asociación de malhechores, falsedad en escrituras privadas y uso de documentos privados falsos.
El proceso legal ha enfrentado obstáculos comunes en el sistema de justicia dominicano, incluyendo cambios en fiscales investigadores y la necesidad de explicar en detalle la trama fraudulenta. Finalmente, en 2021, se presentó el acta de acusación y solicitud de apertura a juicio contra los acusados.
El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó la apertura del juicio penal en contra de algunos de los acusados, mientras que la defensa de Costa Dorada expresó preocupaciones sobre el derecho de propiedad y la capacidad de actuar en justicia en nombre de los titulares de acciones de empresas en la República Dominicana.
Este caso complejo de fraude corporativo en Costa Dorada en Baní continúa desenmarañándose en los tribunales dominicanos, y su resultado podría tener un impacto significativo en la protección de los derechos de propiedad y la lucha contra el fraude empresarial en el país.
