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BUCHAREST, Romania (AP) — El príncipe Pablo quedó bajo arresto domiciliario por orden judicial, mientras se investiga un enorme fraude inmobiliario.
Pablo fue acusado el sábado de lavado de dinero y compra de influencias en un caso relacionado con la devolución de propiedades raíces que según los fiscales le costó al estado 136 millones de euros (150 millones de dólares). El príncipe de 67 años rechazó los cargos.
Según la fiscalía, a partir de 2006 un empresario con conexiones políticas y otras cuatro personas utilizaron sus influencias para que el estado devolviera tierras al príncipe, quien les recompensó con una parte del valor de esa tierra.
La tierra había sido confiscada a la familia real por el régimen comunista. Paul está enemistado con su tío, el rey Miguel, a quien los comunistas obligaron a abdicar en 1947.
El régimen comunista cayó en 1989.
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