SANTO DOMINGO.-Joel Ambioris Pimentel García, conocido como «La J», sería el presunto responsable de las amenazas dirigidas hacia la Procuradora General de la República, Miriam Germán, y por ende el móvil del amplio operativo, denominado Falcón 4, realizado la mañana de este martes en la ciudad de Santiago.
El abogado Tomás Castro, quien habló en nombre de su cliente, aseguró que este no ha cometido los hechos por los cuales es buscado, negando que controle algunas cárceles del país como han indicado las autoridades.
Castro declaró, por la vía telefónica al noticiario de CDN canal 37, que «La J» vive en España desde hace quince años y que estaría dispuesto a venir al país para aclarar la situación.
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El abogado Castro argumentó que estas acusaciones injustas pretenden exonerar a los verdaderos involucrados y desviar la atención de los problemas existentes en el sistema penitenciario.
Concluyó que el hecho de que alguien haya realizado las amenazas en nombre de su cliente, aportando ubicación geográfica y ejecutando la acción, indica claramente que no fue su cliente quien las llevó a cabo, sino alguien que buscaba incriminarlo.
Las autoridades continuarán con las investigaciones correspondientes para determinar la veracidad de las acusaciones y esclarecer los hechos.
Comunicado
En un comunicado «La J» hizo algunas aclaraciones desmintiendo pronunciamientos sobre el particular del comunicador Rafael Guerrero en su plataforma de Youtube «Corrupción Al Desnudo» quien afirmó que su cliente amenazó a la Procuradora General debido a supuestos intereses en el sistema penitenciario dominicano.
«Nunca he amenazado a nadie, mucho menos a la honorable procuradora Dra. Miriam Germán Brito, a quien no conozco, excepto por la prensa, pero de quien su hoja de vida y honestidad hablan solos. En el mundo de la delincuencia, solo un enajenado mental se identificaría, aportaría su ubicación geográfica y realizaría tal acción», puntualizó.
Destacó dos puntos importantes en su comunicado.
En primer lugar, mencionó que ha residido fuera de la República Dominicana durante los últimos quince años, principalmente en Estados Unidos y España, y que no tiene antecedentes penales ni casos pendientes según una certificación que respalda esta afirmación.
En segundo lugar, negó rotundamente haber controlado o intentado controlar cárceles, señalando que los centros penitenciarios del país, especialmente los del antiguo modelo, estaban bajo el control de autoridades corruptas en complicidad con los internos. Además, criticó la idea de que alguien pueda ejercer un control remoto desde otro país sobre los alcaides, custodios, militares, policías e internos de las cárceles.
