El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, dictó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Emmanuel Rivera Ledesma, principal acusado por la estafa inmobiliaria develada mediante la operación Nido y declaró la complejidad del caso.
El magistrado Sena también dispuso prisión preventiva contra Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo (hijo), Mirna Catalina Rivera Ledesma y Juan Omar Rosario López.
Asimismo, ordenó arresto domiciliario e impedimento de salida para Reilin Arismendy Rosario García.
En tanto, María Gabriela Rivera Pichardo y Escarlet Mercedes Cruz Figueroa deberán pagar una garantía económica de cinco millones de pesos a través de una compañía aseguradora, usar localizador electrónico (grillete) e impedimento de salida del país.
Los procuradores fiscales Sourelly Jáquez, Magali Sánchez y Andrés Mena valoraron como positiva la decisión del juez.
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Sobre la operación Nido
Se recuerda que el pasado 3 de enero, el Ministerio Público, en combinación con la Policía Nacional, puso en marcha la operación Nido en la que se arrestó a Emmanuel Rivera Ledesma y otros integrantes.
En el operativo se realizaron veinticinco allanamientos en las provincias de San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional.
Según las autoridades, durante el proceso de investigación se determinó que al menos 144 personas presentaron querellas o denuncias ante el Ministerio Público. La mayoría de las víctimas aportaron importantes cantidades de dinero para adquirir una vivienda que nunca recibieron.
Los afectados denunciaron que cuando reclamaban recibían amenazas e intimidaciones de parte de Rivera, señalado como el cabecilla de la red.
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Modus operandi
Según el Ministerio Público, la red criminal utilizó los vehículos societarios Indisarq, SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, el Grupo Wimar, SRL y Auto Xperts AFM SRL, a través de las que crearon un esquema inmobiliario fraudulento para la ejecución de estafas, falsificación y asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las víctimas a las que ofertaban viviendas a través de siete proyectos inmobiliarios.
Durante la investigación se ocuparon evidencias que demuestran que Rivera utilizaba nombres de personas reconocidas para hacer creer a las víctimas que estaba protegido por personalidades a quienes realmente ni siquiera conoce. Por igual, se recabaron evidencias de la ostentosa vida que llevaban varios miembros de la red con el dinero obtenido de las víctimas.
A raíz de la investigación, Rivera inició una serie de maniobras. Lo hizo con el objetivo de que las víctimas no se querellaran en su contra o retiraran las querellas ya presentadas.
También buscó que las víctimas firmaran nuevos contratos e hicieran otras acciones tendentes a obstruir el proceso de investigación.
